Este jueves, después de cuatro días de conflicto, las medidas de presión fueron levantadas luego de que se estableciese un acuerdo entre los municipios de Colcapirhua y Quillacollo a través de la mediación de la Gobernación Departamental.
Como resultado de este diálogo, se establecieron seis puntos que resuleven:
- Que se concluyan los trabajos de pavimentación en la denominada ‘Demonio calle’ que fue interrumpida y dio origen a este conflicto
- Resuelven la ‘no agresión’ y el respeto entre ambos municipios
- La ejecución de proyectos en la actualidad y en el futuro deben hacerse de manera consensuada según las normas municipales
- Resuelven que se respeten las resoluciones ministeriales, leyes y normas naciones que estén relacionadas con esta temática
- Levantar todas las medidas de presión originadas por este conflicto.
- El gobierno departamental será parte en el cumplimiento del presente acuerdo
Según explica el gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, cada municipio debe revisar de manera interna las prerrogativas de la ley para no confundir temas de límites con el cumplimiento de las resoluciones ministeriales.
Además de ello, el gobernador instó a las autoridades a preponderar siempre el diálogo antes de que el conflicto escale y se salga de control, afectando de esta manera a la población.
CONSECUENCIAS
El conflicto existente entre ambos municipios ocasionó una afectación económica considerable que fue expuesta desde diversos sectores, el pasado miércoles la Cámara Agropecuaria exponía sus cifras señalando varios sectores y familias afectadas.
Desde la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, el representante departamental de esta institución, Luis Laredo, expresó que existe una gran preocupación dentro del sector productor a causa de las pérdidas económicas que se generan a causa de estas medidas de presión, ya que se habría registrado una afectación económica que llegó a 75 millones de bolivianos solamente en tres días de bloqueos en el departamento. Si esta cifra se expandiese a seis días, se tendría una afectación que podría superar incluso los 170 millones de bolivianos, según explicó Laredo.
«No podemos estar en esa lógica porque realmente tenemos que empezar a entender y ser capaces de poder sentarnos en una mesa a dialogar y consensuar y llegar a un acuerdo. No podemos perjudicar a un departamento por temas locales», consideró Laredo en torno a este problema.
Desde la gobernación, temprano en la mañana, Sánchez indicó que: “No hay argumentos para perjudicar a la población cochabambina”, por lo que se buscó un camino al diálogo que finalmente fue logrado este jueves.