Las convocatorias para que profesionales puedan postular a puestos en el municipio son tan reducidos, que levantan sospechas ya que estarían dificultando el acceso a estos beneficios para la población.
La búsqueda de personal en instituciones públicas aumenta cada inicio de gestión. Las instituciones, sean públicas o privadas se ven en la necesidad de hacer convocatorias públicas a través de diferentes medios para conseguir nuevo personal.
Surge la sospecha de que lo mismo estaría ocurriendo al interior del Gobierno Municipal de Cochabamba, pues al parecer tienen una manera muy curiosa de solicitar nuevo personal, en este caso, a través de una convocatoria publicada en un recuadro muy reducido y con letras tan pequeñas que hace sospechar la oscura intención de hacer que esta información pase lo más desapercibida posible.
La Secretaría Municipal de Salud emitió una Convocatoria Pública con un listado de distintos cargos solicitados, como: 2 Abogados, 5 Administradores, 37 personas para Apoyo Administrativo, 1 Arquitecto, 4 Asistentes, 2 Auxiliares, 131 Auxiliares de enfermería, 1 Biomédico, 42 Bioquímicos farmacéuticos, 4 Cajeros, 5 Choferes, 1 Comunicador social, 1 Contador, 2 Coordinadores odontólogos, 1 Encargado de Área, 2 Estadísticos, 105 Licenciados en Enfermería, 15 Licenciados en Fisioterapia, 6 Licenciados en Nutrición, 2 Médicos anatopatólogos, 11 Anestesiólogos, 1 Cardiólogo, 9 Cirujanos, 18 Ecografistas, 1 Gastroenterólogo, 58 Médicos generales, 2 Ginecólogos, 4 Imagenólogos, 7 Médicos intensivistas, 8 Internistas, 1 Nefrólogo, 2 Neonatólogos, 2 Neurocirujanos, 3 Pediatras, 3 Médicos SUS, 4 Traumatólogos, 1 Urólogo, 1 Odontólogo, 2 Seguridad, 31 Técnicos de laboratorio, 11 Técnicos de rayos X.
Lo más destacable del caso fueron las indicaciones expresas de que se publicase toda esta lista en un minúsculo segmento ilegible para el ciudadano promedio, digno de ser descifrado con un microscopio. Aún peor, solo se dio un plazo de ‘dos días’ para presentarse y venció día después de su publicación.
El hecho de ofrecer cargos en las entidades públicas a cambio de un determinado monto económico es una práctica ilegal que en nuestro país se ha “normalizado” de alguna manera a través de los años. Muchas veces la impaciencia o desesperación por conseguir una fuente de empleo tienta a algunas personas a invertir dinero en la “compra” de estos puestos de trabajo ofrecidos por ciertas instituciones al mejor postor.
Esta práctica deshonesta y “normalizada” en nuestro entorno resulta en el desempleo de profesionales competentes que no pueden permitirse acceder a estos cargos.
En un mundo ideal lo correcto sería colocar en todos los cargos públicos a personas que realmente estén capacitadas para realizar las tareas requeridas para cada puesto de trabajo, pero es difícil por no decir imposible que esto ocurra a corto plazo en nuestro país.