Desde el anuncio de la compra de un nuevo horno crematorio para el Cementerio General de Cochabamba, este fue objeto de críticas. En un inicio porque la Alcaldía anunció la compra en abril, pero recién se hizo la adjudicación de compra en junio, cuando los contagios masivos de coronavirus provocaban la muerte de personas en calles y viviendas por esta enfermedad.
A eso se sumó una serie de observaciones sobre el equipo comprado, ya que, según algunas denuncias, la Alcaldía no optó por la propuesta más barata. Sin olvidar la presunta conexión “clandestina” de gas que se hizo para que este equipo funcionara, que ahora genera temor de que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) cumpla con la amenaza de cortar el suministro de gas, porque a la fecha no se puso en orden los trámites de autorización.
A todo lo anterior, se suma la denuncia del diputado Rodrigo Valdivia, quien asegura que este equipo no estaba nuevo al momento de importarlo y su precio original sería el doble de lo que pagó el municipio.
«El horno crematorio es usado y resulta que el precio es (más de) 417 mil bolivianos, y la Alcaldía lo obtuvo por 900 mil bolivianos (casi el doble)», indicó Valdivia, asegurando que esta información se detalla en la póliza de importación del equipo.
Además, indicó que la empresa a la que se adjudicó el proyecto trabaja reiteradamente con la Alcaldía, pero para evitar que estos procesos de contratación sean fiscalizados por el Concejo los “fragmentan”, y de esta forma la contratación se realiza de forma rápida.
Por último, Valdivia anunció que con todas las pruebas y antecedentes de irregularidades cometidas en proyectos anteriores con esta empresa se presentará una denuncia ante el Ministerio Público, para que sea esta instancia la que decida el futuro legal del alcalde Leyes y sus colaboradores, que en los últimos meses se vieron envueltos en diferentes escándalos.