Los cuatro acusados incluidos en la misma causa del exministro de la Presidencia, Arturo Murillo, se han declarado culpables ante la justicia de Estados Unidos por los delitos que pesan sobre ellos. Resta la audiencia de Murillo que está programada para el 8 de octubre. Las condenas por lavado de dinero, blanqueo de ganancias ilícitas e intento de soborno comprenden penas de 1 a 10 años.
El procurados General del Estado, Wilfredo Chávez, adelantó la noticia en conferencia de prensa. El equipo legal de la Procuraduría participó en una larga audiencia de manera virtual.
Sergio Rodrigo Méndez, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld aceptaron los delitos que pesan contra ellos por la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio y el posterior lavado de dinero en bancos de Estados Unidos. De acuerdo a las pesquisas realizadas por la justicia norteamericana, los hechos se realizaron entre noviembre de 2019 y abril de 2020.
«No se trata de un acuerdo con la Fiscalía» detalla Chávez, sino de una aceptación del delito. Incluso, la asunción de la culpa evita «la posibilidad de retractación.
Con esta determinación, los cuatro involucrados «han allanado el camino de la justicia». El procurador celebra la aceptación del delito penal puesto que demuestra que no se trata de una persecución política sino que «es la justicia la que actúa». De manera detallada, la autoridad describió los delitos imputados por la justicia de Estaos Unidos a cada uno de los implicados. Méndez asumió su participación en la conspiración para cometer el delito de lavado de dinero, blanqueo de activos y soborno de funcionario extranjero.
Sobre Luis Berkman pesan los delitos de lavado de dinero e intento de soborno a funcionarios extranjeros. Al igual que a Méndez, la pena oscila entre los tres y los diez años.
Tanto Bryan Berkman como Philip Lichtenfeld aceptaron su participación en el delito de defraudación, cuya pena implica de uno a cinco años de condena. El juez tiene un plazo prudente para dictaminar la sentencia, que se espera para mediados de noviembre.
Con la sentencia firme, «deberán cumplir la condena efectiva en la cárcel federal», señaló el procurador. Paralelamente, y dependiendo de la situación de su estatus migratorio, se planteará la extradición. Chávez aclaró que «no son los mismos delitos que se les imputa en Bolivia», por lo cual no se valida la duplicidad de sanciones por un mismo delito. Agencias