La letalidad ni el poder del coronavirus detiene el comercio sexual en la ciudad de El Alto, ya que trabajadoras del placer se dan modos para ganarse dinero en medio de la clandestinidad y la sombra de las restricciones.
Hasta la fecha, ya son cinco los alojamientos que fueron clausurados por la Intendencia Municipal y la Policía de El Alto, donde las trabajadoras sexuales instalaron su negocio del placer que por ahora funcionan a puerta cerrada, perfume fascinante, un poco de luces y música a muy bajo volumen.
En más de 50 días de la cuarentena, la Policía logró arrestar a 35 personas entre hombres y mujeres, donde los varones disfrutaban de momentos de placer y las mujeres ejercían el viejo oficio del mundo en alojamientos de las zonas 12 de Octubre, Villa Dolores y la Ceja de El Alto.
Escondidos en callejones y camuflados con letreros que dicen “garaje” o “baño público”, algunos de los alojamientos son utilizados como prostíbulos por las trabajadoras sexuales que en estos tiempos de cuarentena captan clientes por medio de las redes sociales y mensajes de WhatsApp.
Los administradores y dueños de algunos alojamientos se convirtieron en cómplices del negocio del amor, ya que ellos establecieron una serie de claves para que los clientes ingresen a las piezas.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto, coronel Walter Sossa dijo que lo llamativo del caso es que los varones que visitan esos alojamientos viven en zonas alejadas quienes a falta de vehículos utilizan las bicicletas para llegar a sus “citas amorosas” que operan a puerta cerrada “incluso nos enteramos que los clientes conocen la clave para tocar las puertas”, remarcó la autoridad.
Los vecinos de las zonas denunciaron que, a pesar de la cuarentena, las meretrices siguen trabajando. Por ejemplo, la semana anterior las autoridades allanaron un alojamiento de Villa Dolores donde arrestaron ocho trabajadoras sexuales más sus clientes, quienes disfrutaban del romance ocasional, entre besos, caricias y abrazos, pero al final fueron interrumpidos.
“Todos fueron imputados por el delito de atentado a la salud pública. Nuestro trabajo de control y concientización es permanente y los operativos de patrullaje, a pie, nos permiten descubrir estos casos que pueden provocar muchos contagios”, dijo el coronel Sossa.
La Intendencia Municipal precintó los cinco inmuebles donde funcionaban los alojamientos y se aprehendió a los administradores que permitieron el ingreso de las trabajadoras y los varones.
Ante esto, las trabajadoras sexuales expresaron su molestia, asegurando que la cuarentena les va dejando en «banca rota». Agencias.
