La Defensoría del Pueblo ante la denuncia recibida de la aprehensión ilegal de dos adolescentes de 15 y 17 años y tres jóvenes de 21 y 25 años, se constituyó en ambientes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), para verificar la situación física y legal de las cinco personas aprehendidas, tras la intervención policial-militar al bloqueo en el ingreso al botadero municipal de K’ara K’ara.
El Delegado Defensorial Departamental de Cochabamba, Nelson Marcelo Cox Mayorga, denunció públicamente que personal de la FELCC, no permitió el ingreso a servidores públicos de la Defensoría del Pueblo obstaculizando el trabajo defensorial para verificar fundamentalmente, que se respete la integridad personal y la legalidad en cuanto a las garantías al debido proceso de los aprehendidos.
Ante las omisiones identificadas, Nelson Cox señaló que se vulneraron los derechos previstos en el Código Niña Niño y Adolescente. «No puede ser posible que los efectivos policiales y el Fiscal de Materia, Dennys Achá Marza, no se contacten con los familiares de ambos adolescentes, ni informen inmediatamente a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, para que se apersonen a dependencia de la FELCC y asuman defensa ante la prioridad de la atención y la preminencia de sus derechos, tal como establece el Código Niña, Niño y Adolescente. Tuvo que ser la Defensoría del Pueblo la que realizó las gestiones legales omitidas y resistidas para que se defienda sus derechos», señaló.
Ante estas situaciones, Cox Mayorga acusó al Fiscal de Materia por transgredir las garantías de los adolescentes establecidas en el Código Niña Niño y Adolescente, quien les habría imputado por atentar contra la salud pública. “Al Fiscal de Materia, no le importó que el Código Niña Niño y Adolescente priorice la presunción de verdad, la desformalización, la presunción de inocencia, el interés superior del niño, la presunción de minoridad, la prioridad absoluta, entre muchos mandatos. Además, está forzando una situación de utilización de niñas, niños y adolescentes en conflictos sociales para que sean responsables penalmente de forma directa lo cual legalmente no procede”, aseveró el Delegado Defensorial Departamental.
Denunció que se haya montado un operativo de más de 350 efectivos policiales y militares contra 3 jóvenes y 2 adolescentes que jamás debieron ser aprehendidos por ser menores de edad y menos ser imputados ilegalmente por el Ministerio Público por atentado a la salud pública, ya que vulnera una situación infraccional que para vergüenza jurídica, no pudo ser advertida ni reconducida en su tramitación por la Juez Cautelar que violó las garantías Constitucionales e incumplió mandatos del Código Niña Niño Adolescente, a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que confirmó la situación de vulnerabilidad e inobservancia cometida en desmedro de los derechos de ambos adolescentes.
El Delegado Defensorial Departamental, remarcó que la Defensoría del Pueblo va a seguir acompañando este caso para que exista un procedimiento correcto y transparente. “No permitiremos que los policías, el Fiscal de Materia y la Juez Cautelar continúen con esta variación grosera de un procedimiento infraccional, previsto por el Código Niña Niño y Adolescente y que penosamente con estas acciones, están confirmando actos abusivos de criminalización de la adolescencia y de la pobreza”, culminó
