La Asociación Departamental de Delivery de Cochabamba (ADEDY) que aglutina a más de 26 empresas, se encuentra en estado de emergencia y pide la modificación del decreto 166/2020 que emitió la alcaldía, el cual atenta el derecho al trabajo de más de 5 mil personas que se dedican a este rubro para llevar el pan de cada día a sus hogares.
El presidente de ADEDY, Henry Pareja, manifestó que la alcaldía pide una serie de requisitos para otorgar una autorización, los cuales son casi imposibles de cumplir por la dura situación económica que atraviesa el país, además que dicho decreto sería inconstitucional.
Uno de los requisitos observados, es la presentación de la boleta de pago de impuestos de cada repartidor hasta la gestión 2019. Los deliverys están conscientes que deben tributar, pero piden un plazo seis meses para cumplir con dicho requisito. Asimismo, señalan que no se puede condicionar la presentación de dicha boleta para poder trabajar. Aparte, debido a la difícil situación económica que vive el país por el Covid-19, nadie cuenta con dinero para cumplir este requisito de manera inmediata.
De la misma forma, rechazan la presentación de un poder notarial, en caso que los papeles de la motocicleta no figuren a nombre del repartidor, ya que el trámite es demasiado costoso y afecta directamente a los bolsillos de cada trabajador.
Por otra parte, exigen un estudio técnico para establecer las tarifas, porque los precios que dispuso la alcaldía carecen de argumentos y estudios fidedignos.
De igual manera, los deliverys señalan que al alcaldía solo beneficia a los miembros de la Asociación de Radio Móviles de Cochabamba (Aramco) y el único fin del decreto es perjudicarlos de manera directa.
Aclararon que están de acuerdo con una regulación del servicio de Delivery, pero se tiene que trabajar de manera coordinada con su sector.