La Gestora Pública detectó un daño económico contra el Estado de $us 14 millones por las irregularidades en la compra de un software a dos empresas extranjeras del nuevo sistema de pensiones, informaron este domingo autoridades de esta entidad estatal.
«Hablamos de 3 millones de dólares por el caso Sysde (y) hablamos de 11 millones de dólares por el caso Heinsohn», informó el Gerente de la Gestora Pública, Sergio Flores, cuando mencionó el nombre de las dos empresas que se adjudicaron esos contratos durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La Gestora Pública, que administra los fondos de la renta de vejez de los bolivianos, presentó el 30 de junio una denuncia penal contra el exministro de Economía y actual candidato a la presidencia por el MAS, Luis Arce, por la compra millonaria de un software inexistente a la empresa Sysde y por un contrato millonario de otro software con Heinsohn, que incluía el alquiler de su uso por 40 años. Aclaró que el caso Heinsohn, el actual Gobierno logró frenar el proceso, pero «eso no significa que no exista responsabilidad penal».
Agregó que en el contrato con Heinsohn, en sus 40 años de vigencia, el Estado iba a erogar cerca de «78 millones de dólares», porque tenía que pagar un derecho de uso o alquiler de 1,6 millones de dólares anuales.
Flores advirtió que esa denuncia no tiene ningún fin político, pero corresponde a la Gestora defender los aportes de los jubilados y los trabajadores, por tanto velar por el uso legal de los recursos que esa institución administra.
«No es una persecución política, el equipo y mi persona no son políticos, nosotros hacemos un trabajo técnico y vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir transparentando todos los hechos de corrupción que van a venir saliendo de informes de auditorías técnicas, de procedimientos técnicos, pero eso ni no va a haber impunidad para nadie, ni para nada», sentenció. Agencias