De acuerdo con la denuncia, diversos testimonios y fuentes señalan que Morales convivió en Argentina, durante su estadía entre 2019 y 2020, «con menores de edad que habrían sido trasladadas desde Bolivia, en condiciones presuntamente vulnerables, para realizar labores domésticas y personales en un contexto que».
En un testimonio, Angélica Ponce, exdirigente intercultural boliviana y allegada a Morales, por ejemplo, denunció que durante sus visitas al expresidente Argentina, observó a menores cumpliendo roles que describió como «serviles» en la residencia del expresidente pagada por el gobierno argentino.
Ponce también afirmó que Morales recibía «niñas como obsequios» de quienes deseaban obtener favores gubernamentales, agregando que este tipo de hechos era ampliamente conocido en los círculos cercanos al expresidente.
La presentación judicial, respaldada por testimonios y publicaciones periodísticas que citan esos casos, se basa en los artículos 145 bis, 145 ter, 119 y 120 del Código Penal Argentino.
La denuncia fue presentada por el director de la Fundación Apolo Yamil Santoro, el jefe de legales de la entidad, José Magioncalda, y el abogado Ignacio Falcón. Por sorteo, la causa recayó en la jueza federal María Servini y fue registrada bajo el nro. CFP 4621/2024.
El gobierno de Alberto Fernández la dio a Evo la condición de asilado porque su renuncia a la presidencia que presentó como un supuesto golpe. Le pagó todos los gastos de su estadía en la Argentina e incluso viajó en el avión presidencial T01. Pero el mes pasado, el gobierno de Javier Milei le quitó el status de asilado a Morales.
Apolo instó a la Justicia argentina a iniciar una investigación exhaustiva que determine si Morales incurrió en acciones punibles bajo el marco legal local y que resguarde los derechos de las posibles víctimas.
Con esta presentación, la Fundación Apolo reitera su compromiso de combatir la corrupción y la impunidad, destacando que estos actos, de ser comprobados, afectan «no solo a las víctimas directas, sino que socavan la justicia y la integridad del sistema judicial en ambos países». Agencias