Redacción Central
Por resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes, es denunciada la fiscal Faridy Arnez, luego de haber emitido una orden para notariar los bienes del señor Wilsón Sahonero a favor de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).
La mañana del pasado 26 de junio, el personal de Dircabi, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y funcionarios de la fiscalía, ingresaron de manera ilegal a las instalaciones del periódico la Voz, propiedad de Sahonero, para dar cumplimiento a una orden de entrega de dichos bienes.
Patricio Vargas, abogado de Sahonero, manifestó que la fiscal cometió un exabrupto al disponer la entrega de los bienes de su cliente, cuando el Tribunal de Sentencia Número 6, donde radica el proceso ha rechazado las solicitudes de incautación y entrega de bienes que hizo el Ministerio Publico.
El jurista explicó que las solicitudes fueron realizadas en diciembre de 2018 y luego de un año, el Tribunal determinó que era inviable, toda vez que ese derecho se habría extinguido.
“El Ministerio Público y Dircabi han apelado esas resoluciones, las cuales actualmente se encuentran en conocimiento de un Tribunal de Alzada, razón por la cual la fiscal no podía haber dispuesto la entrega de los bienes”, aseveró Vargas.
El Artículo 153 del Código Penal Boliviano (Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes), refiere: El funcionario público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las Leyes o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes incurrirá en reclusión de un mes a dos años de cárcel
Por otra parte, Vargas señaló que el día de la intervención, los funcionarios de la Felcn y Dircabi, estuvieron dentro de las instalaciones del periódico La Voz por 30 minutos, momento que arribó su propietario y reclamó por el actuar ilegal de dichos funcionarios.
“Los funcionarios sin hacer firmar un acta, un documento ni menos notificar con un requerimiento de entrega de bienes se retiran de las instalaciones”, aseveró el jurista.
Asimismo, refirió que tras presentar la denuncia contra la fiscal, se identificara a quienes ingresaron al inmueble y se iniciará un proceso en su contra por el delito de allanamiento. Cabe recalcar que el Articulo 298 del Código Penal refiere que la persona que arbitrariamente entrare en un domicilio ajeno o sus dependencias o en un recinto habitado por otro, o en un lugar de trabajo, o permaneciere de igual manera en ellos, incurrirá en la pena de privación de libertad de tres meses a dos años. En este caso se tiene el agravante que los involucrados son funcionarios públicos.