La Universidad Mayor de San Simón atraviesa una segunda crisis, además de la financiera, luego de la sacudida que recibieron sus autoridades tras ratificarse el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que llevó al rectorado a pedirle a autoridades de 10 facultades presentar sus renuncias.
Ahora los que se encuentran en el ojo de la tormenta son las cabezas de la UMSS, ya que sus máximas autoridades fueron denunciadas.
Tanto el rector y el secretario general fueron citados formalmente por el Ministerio púbico a declarar en calidad de sindicados por la presunta comisión del delito de “desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad”, señala el documento que le fue entregado a las autoridades de la casa superior de estudios.
Aunque la denuncia fue presentada por un exdecano, en reiteradas oportunidades los representantes de URUS y sus abogados advirtieron a los ahora procesados que esto podría ocurrir si continuaban negándose a aceptar el fallo del TCP y sus implicaciones.
Sin embargo, desde un inicio las autoridades se resistían a aceptar el mismo y aseguraban que el Congreso universitario, cinco resoluciones emitidas en esta, el nuevo estatuto y las autoridades electas, fruto de todo este proceso, eran legales.
Por lo que ahora Julio Medina Gamboa, rector y Eduardo Lavayen Panoso secretario general de la Universidad Mayor de San Simón, deben presentarse el jueves 15 de agosto ante la Fiscalía especializada en anticorrupción para presentar su declaración donde podría o no determinarse su aprehensión.
El delito por el que se acusa a ambas autoridades universitarias está contemplado en artículo 179 el Código Penal y establece como pena la cárcel: “La Servidora, Servidor Público o personas particulares que no cumplan las resoluciones, emitidas en acciones de defensa o de inconstitucionalidad, serán sancionadas o sancionados con reclusión de dos a seis años y con multa de cien a trescientos días”.