La determinación del Juez Anticorrupción, Richard Rodríguez, que determinó detención domiciliaria para José María Leyes, alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, así como arraigo y fianza de 150 mil bolivianos, disponiendo la libertad de los otros tres imputados por una presunta adjudicación irregular de alimentos para policías y militares durante la emergencia sanitaria de la Covid-19.
La Defensoría del Pueblo en Cochabamba, a través del Delegado Defensorial Departamental, Nelson Marcelo Cox Mayorga, participó de la audiencia y tras la culminación de la misma, saludó la determinación del Juez Anticorrupción, quien demostró su total probidad al poner un verdadero contrapeso contra peticiones del Ministerio Público que fueron excesivamente improcedentes con relación a estándares interamericanos, y que el señor juez, fundamentó en cuanto a legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.
“La detención preventiva en tiempos de pandemia, tiene que evitarse, debe considerase como la excepción y peor en temas que son de valoración administrativa que están en curso de investigación”, dijo la autoridad defensorial a tiempo de referir que la Defensoría del Pueblo en Cochabamba recibió algunas denuncias de presiones del Ministerio de Gobierno que se habrían ejercitado en contra de algunas autoridades del Ministerio Público, lo cual se continuará investigando para su esclarecimiento.
El Delegado Defensorial también manifestó que la Defensoría del Pueblo recibió hace 15 días, una denuncia formal del señor alcalde, José María Leyes, quien denunció arbitrariedades en este proceso que se desarrolla en su contra, y penosamente, el día de ayer se confirmó la vulneración a los derechos humanos con relación al proceso investigativo.
“Lamento mucho como Defensoría del Pueblo que algunos servidores públicos de la fiscalía se presten para cometer arbitrariedades, las aprehensiones que se han desarrollado ayer, han sido por demás excesivas, no se justificaba aprehensiones contra ciudadanos que estaban trabajando y que tienen las garantías en cuanto hace al cumplimiento máximo de las libertades y garantías constitucionales”, aseveró la autoridad defensorial.Cox Mayorga luego de estar presente en las más de 12 horas de audiencia, criticó las fallas técnicas en la celebración de la audiencia virtual, debido a que por falta de una óptima señal de internet, se interrumpieron en varias oportunidades los alegatos del Ministerio Público, así como la lectura de la Resolución por parte del Juez Cautelar “En medio del estado de la emergencia sanitaria, en estas audiencias virtuales se deberían afinar detalles técnicos de manera previa y capacitar al personal que participa de las mismas, toda vez que se presentaron desconexiones abruptas que no dejaron desarrollar la audiencia con normalidad”, culminó.
