Según denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo, los cobros obligados y maltratos a privados de libertad por parte de efectivos policiales y delegados de los internos continúan en los recintos penitenciarios del país. Entre los involucrados también están funcionarios de Régimen Penitenciario.
Los motivos siguen siendo los mismos: cobros coactivos por residencia, para el funcionamiento del penal y por seguridad por parte de los delegados; y extorsión por policías a cambio de no ejecutar medidas disciplinarias y cobros indebidos para que los internos puedan acceder a sus derechos.
Los casos registrados por la Defensoría del Pueblo por extorsión y cobros irregulares a privados de libertad corresponden de enero a junio de la presente gestión, en centros penitenciarios de Santa Cruz, Beni y Tarija. Y se investigan otros hechos.
