Agencias
El abogado de la Asociación de Víctimas Judiciales, Marcial Huanca, denunció que en el departamento de Cochabamba existe un “consorcio criminal” conformado por jueces, fiscales y peritos que actúa en función de una ONG con el propósito de lograr “sentencias a medida” para mostrar resultados con fines de obtener financiamientos millonarios.
La denuncia documentada fue presentada a una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional con más de una decena de nombres de los funcionarios judiciales que actúan de manera conjunta en varios casos investigados y que tienen como resultado procesos “fraguados”, según publicación de ANF.
“De la investigación que estamos haciendo y de los documentos que se han elaborado, tenemos que en realidad se trata de un consorcio, nosotros lo hemos calificado como un consorcio criminal porque entiéndase, vuelcan las investigaciones para sacar sentencias de manera adecuada a sus intereses, lo que significa que están metiendo personas inocentes a las cárceles simplemente para obtener un resultado”, señaló Huanca a ANF.
DENUNCIAS
De las denuncias que llegan a la Asociación, señaló el jurista, existen casos en los que de manera recurrente a parecen nombres, por ejemplo, como el de Mirtha Montaño, exvocal de Cochabamba, ahora detenida, que siendo jueza está involucrada “en varios de los procesos que actualmente están denunciados como fraguados”.
Otros implicados en estos casos son Henry Mayda García, miembro de Tribunal de Sentencia Penal número 4, los fiscales Cinthia Prado, Patricia Centeno y Ximena Narváez, que han estado ligados de manera recurrente en la gran mayoría de procesos que estamos investigando, dijo Huanca, citado por ANF.
“Mucha gente se queja de estos operadores de justicia, porque precisamente lo más terrible es que se encuentra de manera recurrente sus nombres en los procesos y dentro de esa misma línea nosotros, en la investigación que hicimos en casos de violación montados, tenemos también a la médica forense Miriam Rocabado Carvajal, que es la que ha firmado muchos certificados médicos forenses en los cuales ni siquiera hizo la evaluación a la víctima”, señaló.
Todos estos funcionarios, agregó Huanca, están vinculados a la organización, que mediante talleres de asesoramiento de formación y de capacitación a jueces, fiscales, miembros del IDIF, médicos forenses, psicólogos, trabajadoras sociales, policías-, Sedeges, defensorías y los Slim, los adiestra en cómo actuar en los casos penales que la ONG presenta, según publicó ANF.
Según las investigaciones realizadas por Huanca, presentar resultados con sanciones condenatorias, sobre todo en casos de violación, es la base de la ONG para obtener un mayor presupuesto cada año.
Anteriormente, dijo, “hemos aportado a la Asamblea Legislativa Plurinacional pruebas de que la ONG recibía 600.000 dólares al año por este tipo de trabajo, y estos recursos han ido creciendo hasta llegar a 1,5 millón de dólares en 2018”.
“No tenemos datos de 2019 ni de 2020, pero sí los vamos a tener; entonces esos datos significan que ha ido creciendo exponencialmente en la captación de dinero, dinero que ellos justifican como manejo de capacitaciones, manejo de asesoramiento terapéutico y manejo terapéutico de centros de acogida”, indicó.