El diputado Tomás Monasterio (UD) denunció que detrás de la conexión entre el expresidente Evo Morales y algunos exfuncionarios del Ministerio de Salud involucrados en la compra de respiradores con presunto sobreprecios, estaba en juego una coima de $us 1,4 millones para dividirse entre cuatro personas.
El asambleísta denunció que ese monto iba a ser repartido entre Morales, refugiado en Argentina; Luis Fernando Humérez, Fernando Valenzuela y Wálter Zuleta, quien fue abogado defensor de Gabriela Zapata. Con ese dinero se tenía previsto continuar con el financiamiento para convulsionar el país y preparar un golpe de Estado.
“Hubo un plan digitado en la cúpula masista, un plan conspirativo que buscaba un golpe de Estado, usando el argumento de la compra irregular de respiradores para alentar una revuelta popular y generar escenarios de confrontación”, sostuvo Monasterio al indicar que solo Morales sostuvo 50 llamadas con la persona que formó parte de la compra y adquisición de los respiradores.
Su colega del MAS, Sonia Brito, calificó como una sinvergüenzura la denuncia presentada por el diputado Monasterio. «Es una aseveración estúpida y mentirosa», y acotó que es un invento de este señor que quiere involucrar a toda costa a Evo Morales.
Ante tal cantidad de evidencias de varios casos de corrupción, desde el Gobierno insisten en meter al MAS, es inaceptable. No tiene ni pies ni cabeza, está mal, ha debido estar con fiebre al hacer esta declaración tan torpe», dijo.
El diputado Monasterio lamentó la actitud del Ministerio Público al que calificó de cómplice y obsecuente con este partido político.
“El fiscal general pidió reserva del caso para evitar que la investigación salga a la luz y así no se pueda saber la participación de Evo Morales que metió su mano corrupta en esta compra”, sostuvo el diputado por UD.
El Gobierno y la Policía informaron anoche que la ex ministra de Salud Gabriela Montaño, también refugiada en Argentina con Morales, mantuvo tres contactos por la red social Telegram (similar a WhatsApp, pero con mayor seguridad) el 17 y 18 de mayo con el ex director jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela. Luego, este fue detenido el 19 de mayo a las 16:00 y horas antes, a las 13:16 del mismo día, hablaron durante 16 minutos.
Ambos conversaron efectivamente una vez el 19 de mayo. El director policial aseguró que los dos días anteriores se hallaron solamente registros de “llamada perdida de ida y vuelta. Presumimos que era un código, hacían timbrar el celular del otro, para luego contactarse por algún otro programa que no permite ser rastreado y conversar de forma “más segura”.
Pero, el día de la detención, presuntamente ya no había tiempo, así que conversaron en Telegram. El registro, a las 13:16 del 19 de mayo, revela que la llamada duró 16 minutos.
“En vez de un caso de corrupción, para mí es un caso de conspiración contra la presidenta Jeanine Áñez”, dijo el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
El 3 de marzo, poco más de dos meses antes del escándalo, hubo una conversación entre Valenzuela y Carlos Rodrigo Montaño Viaña, hermano de la exministra de Salud.
Carlos Montaño le dice: “tenemos un huevo de cosas que hablar, pero esencialmente hablemos por lo menos de dos: ¿A qué hora puedes?”, más tarde insiste y precisa que uno de los temas “es personal, así que cuando puedas, envía un mensajito…”.
Valenzuela responde: “Hermano, estoy jodido, han intervenido mis teléfonos, y tienen sospechas jodidas que sigo ayudando y en contacto con ustedes”. Luego complementó que “el otro día “tuve una reunión con Murillo, que me amenazó con cárcel”. El hermano de Montaño le replicó “Y… Sabíamos que podía pasar. No sé cómo es tu situación, pero creo que hay que organizar las alternativas de salida”.
Sobre este tema, Brito manifestó que el hecho de que Montaño hubiera tenido una relación técnica con Valenzuela, o que él hubiera sido «un connotado militante del MAS, que no lo fue, no implica nada.
«Esa relación técnica qué tiene que ver con la corrupción. Un funcionario público no puede tener más poder que las autoridades, es un argumento de niños, otra vez, para involucrar al MAS». aseveró la diputada masista.
Explicó que estos trámites pasan por varios filtros antes de llegar al ministro que es responsable de tomar la decisión.
«Es tan evidente la corrupción en el entorno de Jeanine Áñez, que algunas autoridades se prestaron a ese juego, como el ministro Navajas, pero ahora quieren marear la perdiz con argumentos pueriles», retrucó Brito-
El 17 de mayo, a las 08:16, dos días antes de la detención, Humérez pregunta a Valenzuela a través de Whatsapp: “Papito, buen día, por favor, dime algo para dormir un poco, para buscar asilo político, por fa”. Valenzuela le responde: “Tranquilo, todo está yendo bien, solo que no puedo hablar”. Posteriormente, en otro momento, el ‘testigo clave’ insiste con dos mensajes: “Me avisas a qué hora te puedo hablar, por fa”. Luego escribe: “Hermano, ¡puedo llamarte?” y Valenzuela responde: “No hermanito”. El jefe policial recordó que fue un trabajo técnico-pericial el que permitió reconstruir esta conversación.
La Policía ha detectado 5.800 llamadas, entre el 1 de enero y el 29 de mayo, realizadas por Luis Fernando Humérez a distintas personalidades del MAS. El ‘testigo clave’ relató que García planteó que el precio propuesto en Bolivia es de $us 20.000 y que le sugirieron poner un precio final de los respiradores de $us 26.000, “de los cuales nuestros honorarios como gestores iban a ser de $us 2.000 por respirador y para cada persona (Según la declaración para Valenzuela, Zuleta y Humérez), lo que vendría restando al precio final por respirador de $us 6.000”. No mencionó a Morales en esa declaración
El exdirigente deportivo Luis Fernando Humérez llamó en 19 ocasiones al expresidente Evo Morales hasta Argentina, mientras que el exmandatario llamó a Humérez en 10 oportunidades.
Las comunicaciones, de ida y vuelta, se realizaron del 1 de enero hasta hasta el 4 de mayo. En 14 oportunidades, Humérez llamó al exministro Carlos Romero y él respondió seis veces. La Policía informó que todas fueron antes de que Romero sea detenido y encarcelado.
Para Sonia Brito, este hecho es otro elemento que confirma que «se quiere armar un caso, eso de que en el chip del celular pudieron detectar esas llamadas, realmente es una mentira del actual Gobierno que busca responsables. Es poco serio, no hay respaldo». Agencias