Andrea García, responsable de la oficina de Apoyo para la Familia de la Fundación Dignidad, brindó información respecto a un caso que habrían recibido por parte de un hombre de 34 años que sería víctima de violencia durante mucho tiempo por parte de su expareja, quien sería funcionaria de la alcaldía.
El hombre, como víctima de su expareja, habría sido violentado físicamente en repetidas ocasiones y no solamente en su casa, sino también en su trabajo. El hombre, según explica García a la red Diálogo La Red Educativa, habría logrado grabar las agresiones de su expareja y en ellas se observaría cómo le pegaba e incluso llegó a quitarle el celular de la empresa con la que él estaba trabajando.
García indicó que se habría tratado de presentar la denuncia en contra de esta funcionaria que habría trabajado en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y trabajaría como parte del SLIM de la alcaldía de Cochabamba.
Indicaron que habrían tratado de establecer una denuncia formal ante esta instancia, pero habría sido rechazada de manera escrita y explicaron que no se atienden las denuncias de los varones.
Ante tal situación, García señaló que se mantendrán investigando el caso ya que también existen mujeres cuyas actitudes son más violentas.
Así mismo, consideró que el trabajo se hace más complejo cuando se tiene la protección de instituciones tales como la dirección del SLIM y la Dirección de Genero, según la acusación que lanzó la abogada que señala a dichas instituciones por proteger a la agresora valiéndose de influencias ante la Fiscalía para que la acusada pueda ser beneficiada con un sobreseimiento en su caso, según explica García.
«¿Cómo es posible que pueda recibir ciertos casos cuando le conviene y ciertos casos los rechaza cuando se ve involucrada una funcionaria de su misma unidad como agresora?», reprochó la abogada ante diálogo respecto a este caso que sería investigado con mayor profundidad, de modo que se pueda contar con otros elementos que permitan encontrar justicia para este sujeto que sería víctima de violencia por parte de su expareja femenina.
MALA PRAXIS DE LA LEY
La abogada Andrea García se refirió también a la ley 348, considerando que la misma presenta muchas fallas que deben ser corregidas mediante modificaciones.
García aseguró ante la red Diálogo que la ley ha generado corrupción en los SLIM’s donde se recibirían pagos de dinero irregulares por emitir informes y también en las Defensorías de la Niñez, donde concejales influirían en cómo debe salir un informe psicológico, de modo que beneficie a los intereses políticos de los instigadores.
