A través de las redes sociales, una joven denunció los cobros excesivos de los que fue víctima por parte del Servicio de Estacionamiento Municipal, los cuales además no pudieron ser explicados claramente por los funcionarios de dicha repartición.
Según relató dejó estacionada su motocicleta en la plazuela Sucre, se estacionó en un lugar prohibido donde fue inmovilizado, no se negó a realizar el pago de la multa, le cobraron 104 bolivianos a través de un QR, pero para su sorpresa le exigieron un segundo cobro de la misma cantidad para que retiren la grampa.
Sin comprender lo que pasaba se vio orillada a pagar la cifra exigida por los funcionarios para poder usar su vehículo, pero cuando pido explicaciones sobre los cobros y si se trataba de un pago doble no supieron explicarle.
“Yo le digo, pero aquí en su boleta dice 104, no que se le vamos a hacer doble boleta y cuando me dice aquí dice, uno por remoción, pero remoción es cuando se lo llevan y no se lo han llevado (…) y el encargo me dice que es uno por engrapar y desengrapar y que esa norma había salido hace una semana y obvio que si no pagaba no me lo iban a desengrapar”, explica.
Al respecto, el director de Movilidad Urbana aclaró que no se trata de dos cobros, solo una división de la multa ya establecida, señala que en el caso de los vehículos la multa es de 200 bolivianos y en el caso de motocicletas la multa es de 150 bolivianos.
La mitad de la multa es por la infracción y la otra para desengrapar el vehículo.
“Hemos modificado esta normativa para que el ciudadano tampoco sufra en el costo final de la multa económica que se paga cuando uno estaciona en lugar prohibido (…) estamos otorgando un poco más de plazo hasta 3 horas inclusive para que recién la grúa proceda a llevar el vehículo, pero obviamente no hay doble consecuencia, solamente debe pagar 100 bolivianos, más el costo de traslado con la grúa si es que la grúa procede o la remoción de 100 bolivianos, sumados dan 200 bolivianos y en caso de motocicletas es de 50 bolivianos, estamos bajando inclusive”, aclara.
Según el Decreto 408/2024 que entró en vigencia recientemente y aparentemente no fue socializado, la denunciante debió de haber pagado 150 bolivianos y si se realizó un cobro excesivo a la joven, por lo que deberían devolverle 50 bolivianos.