La niña de ocho años que fue violada en la comunidad La Peña, a unos 21 kilómetros al sureste de la ciudad de Santa Cruz, vivía en situación de pobreza, pues su madre falleció y su padre perdió su trabajo como fabricante de ladrillos. Sus tres agresores sexuales, un mayor de 39 años y dos adolescentes, cometieron los abusos en distintos momentos.
“Es una familia de escasos recursos. El papá hacía ladrillos y vivían en una comunidad que es bien alejada. Producto de la pandemia el padre perdió su trabajo y debía buscar alguna actividad económica para llevar alimento a sus hijos”, explicó a Página Siete la directora de Género y Asuntos Generacionales de la Alcaldía de Santa Cruz, Roxana Ortiz.
Aunque en un principio se reportó que se trataba de una violación grupal, el fiscal asignado al caso, Cirilo Chambilla, explicó que se trata de al menos una violación cometida presuntamente por el mayor de edad y actos de abusos sexuales (no violación) por los que se condenó a un adolescente de 15 años. El otro menor de edad, quien habría participado en el abuso sexual, es inimputable.
El 10 de julio, el padre de la niña denunció la violación de su hija. El sindicado, Guillermo Durán Umarra, de 39 años, era vecino de la víctima. Después de que un médico evidenciara las lesiones de la pequeña, Durán ofreció dinero al padre de la víctima para que no lo denunciara; sin embargo, esta oferta fue rechazada.
Con las entrevistas hechas a la pequeña se conoció que también sufrió abusos sexuales por parte de dos menores de edad: M.B., de 15 años, y J.T.B, de 13 años. Hasta donde se sabe estos menores realizaron toques impúdicos al menos una semana antes de que Durán la violara el 9 de julio. No se descartó que hubiera más de una violación, pues Ortiz señaló que se evidenció lesiones de data antigua.
M.B. aceptó su culpa y se sometió a un procedimiento abreviado. Un juez de la niñez lo condenó a tres años de privación de libertad en el centro para menores infractores Fortaleza.
Guillermo Durán fue imputado por violación agravada y un juez lo envió con detención preventiva a Palmasola. El fiscal Chambilla informó que en un principio Durán reconoció su culpa a cambio de una pena ligera; pero como se insistió en castigarlo con 30 años de cárcel, el sindicado no aceptó el juicio abreviado.
Por otro lado, el menor de 13 años es inimputable de acuerdo a las leyes bolivianas. Ortiz indicó que corresponderá a un juez de la niñez disponer que este adolescente se someta a un tratamiento psicológico.
Ortiz manifestó que aparentemente los tres denunciados sabían lo que pasó con la niña, pese a que las agresiones fueron en distintos lugares y momentos. “Yo supongo que conocían porque entiendo que son familiares, los dos menores serían sobrinos del mayor de edad”.
La situación de la familia de la víctima era bastante precaria. La madre murió y el padre se las arreglaba para mantener a su hija y otro hijo de 11 años fabricando ladrillos. La crisis que ocasionó la pandemia de coronavirus lo dejó sin trabajo.
La violación y las otras agresiones sexuales se cometieron cuando el padre salió del domicilio para ir a buscar algún ingreso para su familia.
Por este motivo la niña fue enviada a vivir de forma temporal con un familiar de una tía paterna, indicó Ortiz. Por otro lado, se buscará la forma de ayudar al padre que permanece con su hijo en condiciones bastante precarias. Agencias