La fiscalía federal de México detuvo a un hombre vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes de una escuela normal rural del estado de Guerrero en septiembre de 2014, informó este lunes a la AFP una fuente del gobierno.
Ángel Casarrubias, alias «el Mochomo», «fue detenido el miércoles pasado en el Estado de México por elementos de la fiscalía cumpliendo una orden de detención por delincuencia organizada», comentó un funcionario del gobierno federal que pidió guardar su anonimato por no tener autorización para hablar sobre el tema.
El hombre capturado es hermano de Sidronio, Mario y Adán, presuntos líderes del cártel Guerreros Unidos, detenidos meses después de la desaparición en el municipio de Iguala de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
La fiscalía señala a Sidronio Casarrubias como responsable del ataque a los estudiantes que derivó en su desaparición.
La noche del 26 de septiembre de 2014, decenas de estudiantes se dirigieron a Iguala para hacerse con autobuses que querían usar en sus manifestaciones.
Pero fueron atacados a balazos y capturados por policías coludidos con el cártel de drogas Guerreros Unidos. Desde entonces se desconoce el paradero de 43 de ellos.
Una de las líneas de investigación apunta que los estudiantes fueron confundidos con integrantes del cártel antagónico Los Rojos.
Un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que apoyó en las investigaciones retomará esta labor, según anunció en mayo la secretaría de Gobernación (Interior).
El acuerdo se concretó tras la propuesta que la CIDH envió en diciembre pasado al gobierno del presidente izquierdista, Andrés Manuel López Obrador, para reinstalar en las pesquisas al grupo de expertos independientes, conocidos por su acrónimo como GIEI.
El caso Ayotzinapa, que causó indignación mundial, todavía perturba a México donde la investigación oficial fue manchada por irregularidades. El gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) se negó a renovar el mandato del GIEI, que permaneció en el país un año para asegurar una investigación transparente a pedido de los deudos.
El grupo de expertos descartó la llamada «verdad histórica» del gobierno de Peña Nieto, según la cual los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero.