La Paz
La diputada Luciana Campero (CC) denunció que la exministra Julia Ramos tiene más de 170 propiedades entre terrenos y casas en un barrio de Tarija según una certificación reciente de Derechos Reales. La exministra de Evo Morales y actual vicepresidenta del MAS arcista desmintió la acusación y dijo que sólo cuenta con un terreno.
«Son 174 inmuebles, hoy estuvimos en el barrio Bartolina Sisa. Es un barrio que tiene alrededor de 400 casas, de estas 400, 174 pertenecen a la señora Ramos», denunció la asambleísta.
La prueba de la denuncia de la parlamentaria, según dijo, es un registro de propiedades emitido por la oficina de Derechos Reales el 15 de mayo de 2024 y que indican que las más de 170 propiedades están a nombre de «Julia Damiana Ramos Sánchez».
Ramos fue ministra de Desarrollo Rural del expresidente Evo Morales y también dirigió el Fondo Indígena en la gestión del exmandatario. En esta última entidad se destapó un millonario caso de corrupción en el que se vio involucrada al igual que altos dirigentes de organizaciones sociales del MAS.
Fue investigada y estuvo detenida en la cárcel durante dos años y luego permaneció con detención domiciliaria por supuesto incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica y otros delitos.
En mayo de este año comunicó que fue absuelta del caso y que se demostró su inocencia.
La exministra denunciada desestimó la acusación en su contra y explicó que sólo tiene una propiedad a su nombre en el barrio Bartolina Sisa de Tarija. Además ilustró por qué aparecen tantas propiedades a su nombre en la base de datos de Derechos Reales.
«La señora Campero no está informada, no son 170, son 423 lotes. Son 25 hectáreas que han comprado las compañeras y han decidido dar un poder a Julia Ramos para que salga a mi nombre, esas 25 hectáreas están registrados a ni nombre», afirmó.
La compra fue realizada a finales de 2008 cuando ya estaba en marcha el programa de viviendas sociales en el gobierno de Morales.
«El requisito era que tenías que tener tu lote, entonces qué se ha hecho, la gente no tenía (porque es) migrante del campo a la ciudad. (Entonces), hemos dicho vamos a comprar un lote grande y hemos comprado 25 hectáreas», explicó.
El terreno fue pagado, según Ramos, por los propios propietarios en cuotas de Bs 350 a una cuenta bancaria que no está a su nombre.
El compromiso era realizar el saneamiento y la división correspondiente para entregar los títulos a los propietarios, pero su detención en la cárcel por el caso Fondioc retrasó este proceso.
«De mí uno, es un lote ahorita, no tenemos por qué ocultar», dijo. Agencias
