El legislador también observó la utilización de medios aéreos y recursos de la fuerza antidroga para movilizar agentes hacia el trópico de Cochabamba, zona de influencia de Morales, sugiriendo que se estaría militarizando la región con fines políticos.
El diputado evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, lanzó este lunes una amenaza directa contra el general de la Policía Boliviana, José Illanes Riveros, en medio de tensiones crecientes por la posible ejecución de una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales. El legislador afirmó que la advertencia tiene que ver con la fiscalización que hace.
En ese sentido, Arce acusó al general Illanes de haber conformado un grupo de élite policial infiltrado en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), con el supuesto objetivo de capturar al exmandatario, quien tiene una orden de aprehensión por un caso presunto de trata y tráfico de personas. Según el diputado, el operativo forma parte de un acuerdo político que supuestamente hará que Illanes asuma el cargo de comandante general de la Policía a cambio de cumplir la aprehensión.
“Usted se ofreció a aprehender a Evo Morales. ¿Con qué condición? Una vez que lo haga, usted será designado comandante general. Ese es el trato que hicieron”, afirmó Arce. No obstante, asimismo advirtió que: “así como ustedes tienen inteligencia, también nosotros tenemos amigos. Sabemos cuándo y a qué hora ha viajado usted al trópico de Cochabamba. También nos pasan información sobre dónde vive y quién es su familia. Así de claro y sin miedo le decimos”.
El legislador también observó la utilización de medios aéreos y recursos de la fuerza antidroga para movilizar agentes hacia el trópico de Cochabamba, zona de influencia de Morales, sugiriendo que se estaría militarizando la región con fines políticos. Las declaraciones de Arce se producen en un contexto de creciente tensión dentro del MAS, marcado por la pugna entre el bloque arcista” y el sector leal a Morales. Desde el entorno del expresidente se denuncia una persecución judicial, mientras que desde el Gobierno se asegura que se busca aplicar la ley sin privilegios.