La Cámara de Diputados de Chile aprobó este miércoles una reforma de ley que permite el retiro anticipado del 10% de los fondos de pensiones privados para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia, asestando un duro golpe al Gobierno de Sebastián Piñera.
Con el apoyo de parlamentarios de la coalición de derecha del Gobierno y tras una noche de protestas, la iniciativa fue aprobada por 95 votos a favor, 36 abstenciones y 22 en contra.
El proyecto pasó ahora al Senado, donde el Gobierno no tiene mayoría.
Cacerolazos, aplausos, bocinazos de automóviles y gritos de alegría «como si fuera la final de un mundial», se hicieron sentir en varios barrios de la capital, incluso de personas que desde sus ventanas ondearon la bandera nacional, constataron periodistas de la AFP.
Este voto abre la puerta por primera vez a reformar un sistema de capitalización absolutamente individual pionero en el mundo, instaurado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Es visto como una tabla de salvación para la grave crisis económica derivada de la pandemia y la falta de ayuda estatal después de cuatro meses de cuarentena y restricciones sanitarias.
«No es un proyecto justo; no es lo correcto, no es la mejor forma de resolver los problemas que enfrenta la clase media», criticó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que se trasladó hasta al Congreso para intentar revertir la votación, sobre todo de los 13 parlamentarios de la coalición de gobierno que votaron a favor.
El martes y dos semanas después de un primer anuncio calificado de insuficiente, el presidente Sebastián Piñera anunció la modificación de un programa de apoyo a la clase media, sumando un bono de 630 dólares y estableciendo un crédito blando por 1.900 dólares, sin interés, un año de gracia y pagadero hasta en cuatro años.
Pero su propuesta no logró acallar las protestas convocadas en redes sociales el martes en la noche, que empezaron con una masivo cacerolazo que terminó en barricadas, saqueos y enfrentamientos que se saldaron con 61 detenidos y escenas que recordaron lo vivido tras el estallido social del 18 de octubre del año pasado.
En Bolivia hay cuatro proyectos de ley
En Bolivia, la pandemia puso en la mira la recuperación de los aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) como una medida de alivio. Incluso, desde hace dos semanas un grupo de aportantes cumple una huelga en la plaza 24 de Septiembre pidiendo el acceso a esos recursos.
Hasta la fecha, la Asamblea Legislativa ha recibido cuatro proyectos de ley que buscan la devolución o el retiro voluntario de los aportes a las AFP por parte de los trabajadores. Sin embargo, el expresidente del Banco Central de Bolivia, Juan Antonio Morales, advierte que el retiro de estos fondos podría afectar la jubilación del aportante a largo plazo.
El primer proyecto de ley establece una devolución del 50% de los aportes con que cuente el afiliado. Los retiros podrán ser realizados en un 25% de manera inmediata y el 25% restante en hasta seis cuotas en el transcurso de los 180 días siguientes (seis meses). Asimismo, el proyecto establece que los aportes retirados podrán ser repuestos con posterioridad por los aportantes.
El segundo proyecto, elaborado por la Asociación de Defensa de los Fondos de Pensiones (Asoaf) y presentado por el senador (UD) Edwin Rodríguez el 23 de abril, dispone la devolución de hasta un 25% de los aportes.
Se establece además una escala bajo la cual los aportantes de 20 a 30 años podrán retirar un máximo de hasta el 25%. De 30 a 40 años, hasta un máximo del 22%. De 40 a 50 años, hasta un máximo del 18%. De 50 años en adelante, un máximo de hasta el 15%.
El tercer proyecto de ley dispone el retiro del 95% de los aportes de los trabajadores, para que éstos puedan usarse en “salud, educación, alimentación o emprendimientos productivos”. El proyecto de norma establece que el 5% restante de los aportes serán garantizados por el Estado.
El cuarto proyecto, firmado por la bancada paceña del MAS en la Cámara de Diputados, propone utilizar los ahorros de los aportantes como garantías hipotecarias para acceder a créditos bancarios con un interés máximo del 6% anual por el 80% del saldo de sus cuentas previsionales. Además, establece la devolución de los intereses generados por sus ahorros el año 2019.
Al respecto, Juan Antonio Morales indica que no está de acuerdo con las devoluciones porque estos fondos están contribuyendo a la jubilación. «Consumir ahora, para no tener nada en tiempo posterior no creo que sea una buena idea», sostuvo.
En tanto que el analista financiero Jaime Dunn plantea que los aportantes, que perdieron sus empleos durante la cuarentena, puedan acceder a su dinero ahorrado con un monto máximo de hasta Bs 7.000 como un crédito para devolverlos una vez sean contratados.