Al menos 26 personas detenidas y dos patrullas incendiadas dejaron ayer jueves las protestas y fuertes disturbios en la ciudad mexicana de Guadalajara (oeste) en repudio por la muerte de un joven que había sido detenido por la policía supuestamente por no usar mascarilla en medio la pandemia del Covid-19.
Con pancartas con leyendas «Giovanni no murió, lo mataron», «Gobierno asesino», cientos de manifestantes se reunieron en el centro de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, forzando su entrada a la sede del Gobierno estatal con gritos de «¡asesinos, asesinos!». Durante casi dos horas, se dedicaron a manchar las paredes interiores y a romper vidrios de una oficina recaudadora y a arrojar piedras a los policías, quienes repelieron las agresiones, primero con gases lacrimógenos y después con palos.
Decenas de agentes desalojaron por la fuerza el Palacio de Gobierno y detuvieron a una veintena de los manifestantes, en hechos en los que fueron agredidos representantes de los medios de comunicación. Un policía en motocicleta embistió a un grupo de manifestantes que estaba sentados en una de las calles, quienes luego le lanzaron un objeto que le incendió la ropa.
LA DETENCIÓN DE GIOVANNI LÓPEZ
La manifestación fue convocada en protesta por el arresto violento por la Policía y la muerte posterior de Giovanni López, un albañil de 30 años detenido el 4 de mayo supuestamente por no usar una mascarilla mientras transitaba por una calle. Un vídeo divulgado en redes sociales muestra cómo frente a familiares del joven, una decena de agentes del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos – a unos 40 kilómetros de Guadalajara- lo detiene de forma violenta y se lo lleva a la comisaría.
La familia asegura que tras la detención no supieron nada de Giovanni hasta el 5 de mayo, cuando en la comisaría les avisaron que el joven había sido trasladado grave al Hospital Civil de Guadalajara, donde murió ese mismo día. Denunciaron que cuando el Servicio Médico Forense les entregó el cuerpo constataron que López había recibido múltiples golpes y un tiro con arma de fuego en la pierna izquierda.
En las últimas horas han denunciado amenazas de muerte por reclamar se esclarezca el caso y revelaron que el Gobierno local presuntamente les ofreció 200.000 pesos (unos 9.136 dólares) para que no publicaran el vídeo de la captura. Agencias