Neiza Campos, no imagino que la muerte de su padre traería consigo un sufrimiento ajeno al luto por su perdida que hasta ahora la sigue y contra el que cada jornada lucha.
Durante su vida su padre reunió un patrimonio con el que asegura buscaba amparar a sus cinco hijos por igual a quienes dejo determinadas propiedades, pero una casa de la que todos fueron nombrados copropietarios y su intento por su división equitativa le costaron al menos cuatro procesos en su contra que aún afronta.
¿QUÉ Y COMO PASO?
Campos explica que dos de sus hermanas de profesión abogadas, entre ellas una exfuncionaria de derechos reales, manifestaron que la vivienda no podía venderse porque tenía un usufructo a favor de sus padres, al inicio no desconfió porque eran familia, pero con el tiempo se dio cuenta de que algo no estaba bien.
Al pedir en Derechos reales la revisión del registro de compra y venta que sus padres realizaron en el testimonio de documento privado, descubrió irregularidades por las que asegura que no existía el presunto usufructo y que este fue fraguado.
“Han agregado al documento de dónde soy copropietaria…aumentando una cláusula de usufructo a favor de mis señores padres y en el documento jamás han participado mis señores padres y nosotros no podíamos dar ningún usufructo porque éramos menores de edad… Además, mi padre estaba fallecido y este usufructo aumentado o adherido hacen aparecer el 2014 después de 34 años”, explica.
La acusación de falsedad material asegura que es responsabilidad de una de sus hermanas y un conocido suyo cuando ambos eran funcionarios públicos.
“Yo ya tenía en mis manos la falsedad material en derechos reales, que yo sé quiénes han hecho eso, que son Paola C.A. y Marco F.o. un exjuez registrador que ha tenido sentencia condenatoria y ha pagado su condena en una de las cárceles de Cochabamba por hacer ese tipo de falsedades materiales y cometer irregularidades”, añade.
LA BATALLA LEGAL
Neiza es una de muchas personas y familias que se declaran víctimas de la justicia en nuestro país, porque al sufrir una irregularidad y comenzar a denunciarla, reciben procesos en su contra con el objetivo de detenerlos para tratar de frenarlos.
El primero que recibe es una denuncia pela por la ley 348 iniciado por su madre que asegura fue propiciada por sus hermanas, a este le siguió otro proceso de familia, otro por violencia por su hermana alegando daño psicológico por la denuncia en su contra y finalmente un proceso de interdicto de recuperación de procesión.
Mientras esto ocurría, ella solicitó una pericia al documento que denuncia fue alterado, según las conclusiones del IDIF, pero el mismo fue rechazado.
“El peritaje con la doctora Karen G. del IDIF, el resultado del peritaje sale a mi favor indicando de qué si han adherido una quinta cláusula con otra máquina es otro tipo de letra y dando como resultado un documento fraguado… después cuando yo presentaba la fiscal Sandra M.V…de Delitos Patrimoniales grande ha sido mi sorpresa que la fiscal rechaza un peritaje del IDIF. Haciendo así que se mantenga todos los procesos que han armado mis hermanas en contra mía para lograr el desalojo de la propiedad, que también es mía”, asegura.
EL PREVARICADO
Asegura que dentro su lucha para mantenerse en la vivienda donde se instaló al ser accionista, sus derechos también fueron vulnerados por la juez que lleva el proceso de Interdicto de Recuperación de Posesión.
“Tengo dos apelaciones como dos apelaciones ante la sentencia de la de la juez Maricel V.G.C. donde cómete prevaricato porque ella ha ignorado mi derecho propietario y ha cometido una serie de abusos en contra mía en mi caso”, explica.
En su denuncia, ella señala que se ignora su derecho propietario alegando el usufructo falso y ordeno un mandamiento de desapoderamiento, vulnerando sus derechos y la de su hija a la vivienda, salud y vida.
Campos señala que entre las irregularidades del proceso están al menos otras dos, una relacionada con otra casa, “ha hecho dos veces anotaciones preventivas a un bien inmueble de mi propiedad, que no tenía nada que ver en el litigio, una casa totalmente ajena a la litis, lo ha hecho de una manera ilegal y abusiva”, indica.
La otra apunta a que se aceptó una garantía menor al valor de la vivienda disputada,
“Mi hermana Marleny C… da como garantía en el juzgado un departamento de 40.000 $ sabiendo que la casa yo estoy en este momento tiene un valor de 957.000 $ una acción dividida y mis acciones son como 193.000 $ entonces cualquier garantía tienen que doblar el valor”, apunta.
Asegura sentirse indefensa y se encuentra apelando las determinaciones que asegura vulneran sus derechos, pero también intento denunciar a la juez por prevaricato, donde también encontró trabas y asegura que en su búsqueda de justicia encontró que no es la única afectada.
“Estoy indefensa ante ese juzgado sabiendo que está abogada, que ahora está ejerciendo de juez, tiene una un cúmulo de denuncias, tiene varios prevaricatos y actualmente está apelando una sentencia… y ahora que yo quiero meter a la Fiscalía prevaricato también denunciándola me han desestimado mi denuncia…tres veces he denunciado y la tres veces me han rechazado y ahora me han desestimado”, añade.
La desestimación fue dada a conocer por una llamada de un funcionario de la fiscalía mientras se realizaba la entrevista.
Recalca que la juez tiene varias denuncias en su contra: “son un cúmulo de denuncias que tiene que tiene esta abogada, entre ellas faltas graves y gravísimas, tiene también prevaricatos y ahora esta abogada no es la primera vez que hace esto es una reincidente porque da sentencias contra la ley”, asevera.
Neiza señala que nunca imagino que casos como el suyo fueran tan frecuentes y hasta comunes, pues relata como en los pasillos del Consejo de la magistratura personas de todos los niveles sociales caminan con sus documentos para recuperar sus casas, propiedades y todos buscando justicia de los juzgados donde se supone es aplicada.
“La que más sufre la gente humilde por no saber leer y por no saber escribir les quitan sus bienes inmuebles, o sea, es una locura…y para seguir estos procesos hay que tener dinero…ya he debido gastar más de 13.000 $ en los procesos, abogados, apelaciones, juicios… fotocopias, idas y venidas”agrega.
Toda esta vivencia la lleva a preguntarse las razones para que autoridades observadas continúen ejerciendo, “quién la protege, de qué beneficios goza, haciendo llorar a la gente, haciendo peregrinar por justicia la gente, o sea, tengo muchas preguntas estará puesta a dedo, habrá dado un examen de para ser juez..”, cuestiona.
LA RESPUESTA
El Consejo de la magistratura y sus representaciones departamentales son una de las instancias que fiscaliza el proceder de las autoridades judiciales; sin embargo, Encargada distrital, Alba Lizarazu explica que son muchas las limitaciones que existen y que en el caso de Neiza presentó cuatro denuncias que son investigadas.
A la pregunta de porque hay jueces que pese a ser observados continúan trabajando, señala: “Si no están sancionados y no les han sancionado con una determinada pena, ya sea un mes de suspensión o la destitución, claro que tienen derecho pues a trabajar…Entonces nosotros no podemos ir contra eso, pero si hacemos todo lo que está en nuestras manos hacemos seguimiento control, sobre todo cuando hay una denuncia se pide informes…porque lo que queremos es garantizar a las víctimas un acceso a las autoridades”.
UNA LUCHA QUE NO TERMINA
Campos señala que en estos años aprendió que con esta clase de procesos no se duerme, no se come y que la justicia boliviana es nefasta.
“Uno vive con un estrés, vive un sufrimiento atroz porque estamos viviendo la peor de las justicias en Bolivia, la justicia en Bolivia es una justicia podrida y nefasta”, asevera.
También se dirige a otras víctimas de la justicia pidiéndoles que no se rindan y que en un futuro sueña con ayudar a otras personas que también pasan por lo mismo.
“Por favor, pidan auxilio, que griten a los cuatro vientos, que se hagan escuchar y que denuncien a los jueces y fiscales que están cometiendo atropellos a la gente, especialmente a la gente desprotegida”, finaliza.