Hace casi un año (el 12 de noviembre de 2019), Jeanine Añez comenzó su accidentada gestión transitoria con el reto de pacificar el país para avanzar “a la brevedad posible” a un proceso pacífico de renovación de gobierno.
Luego, incluso antes de saber que la transición duraría un año, asumió otro desafío: erradicar la corrupción. “No me tiembla ni me temblará la mano en proteger los recursos (del Estado) de aquellos que buscan usarlos para su enriquecimiento personal e ilegal o para promover sus agendas políticas. Esos tiempos ya pasaron”, anunció en su mensaje presidencial del 22 de enero.
La pacificación llegó, pero con un saldo inesperado para ella, mientras que el tiempo demostró que la práctica de la corrupción continúa igual de vigente, por la cantidad de casos (más de una veintena) que se denunciaron durante su mandato.
El primer objetivo no solo le costó los apelativos de “golpista” y “presidenta autoproclamada” que el renunciante Evo Morales y sus allegados se encargaron de posicionar en el imaginario nacional e internacional, sino que además tuvo que librar una feroz batalla interna que tuvo sus principales episodios en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz), donde murieron 20 personas.
El primer enfrentamiento ocurrió apenas tres días después de que asumió el cargo, el 15 de noviembre, y el segundo el 19 del mismo mes. El informe “Crisis de Estado, violación de derechos humanos en Bolivia”, de la Defensoría del Pueblo, concluye que en ambos casos hubo una masacre, “al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática, en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno transitorio”.
El caso de Sacaba y Senkata luego fue investigado por una comisión legislativa mixta con presencia mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) que, al filo de la conclusión de su gestión, aprobó un informe de conclusiones que plantea el inicio de un juicio de responsabilidades contra Añez y 11 de sus ministros y exministros.
Al final, la pacificación tuvo un costo alto para ella, quien ahora se encuentra en puertas de enfrentar un proceso por genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves y gravísimas y asociación delictuosa.
La situación fue peor con el caso del anuncio de lucha contra la corrupción. Durante su gestión se recibieron más de una veintena de denuncias y las que más indignaron al país fueron las referidas a la compra de respiradores para atender a los enfermos con el nuevo coronavirus, en momentos en que las cifras de contagiados y muertos colapsaban los centros de salud en el país.
Se denunciaron dos compras, una a una empresa española y otra a una firma china. En el primer caso una investigación de la Fiscalía detectó un posible daño económico al Estado de tres millones de dólares y, en el segundo, se denunció la compra de 324 respiradores con un sobreprecio de seis millones de dólares. El escándalo le costó el cargo al entonces ministro de Salud Marcelo Navajas.
Otro de los grandes escándalos de corrupción se dio en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, donde se detectó el pago ilegal de finiquitos a 13 funcionarios cercanos al entonces gerente Elio Montes, quien además usaba vuelos privados pagados por la empresa.
Los vuelos cuestionados llegaron incluso más cerca de la Presidenta. En mayo se descubrió que una diputada amiga suya y su hijo usaron un vuelo del Estado. Luego el joven asistió a una fiesta de cumpleaños de la hija de Añez.
En Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos también se denunciaron irregularidades en la contratación directa de seguros, mientras que los ministerios de Defensa y de Gobierno fueron cuestionados por la compra de armamento no letal mediante una empresa intermediaria con un presunto sobreprecio de al menos dos millones de dólares. Agencias