Luego de los 12 días de bloqueos, medida de presión de la que el MAS trató de desmarcarse, el partido azul afronta una “mala hora”. El corte de vías lo desgastó, provocó que se ponga en la mira a los dirigentes movilizados y las iniciativas que esa fuerza intenta impulsar en el Legislativo -como la ley de “inmunidad retroactiva”- generan polémica y un duro rechazo.
“Hasta la fecha hemos recibido 33 denuncias en contra de actores sindicales, políticos y cívicos por diferentes tipos penales como Delitos Contra la Salud Pública, Organización Criminal, Instigación Pública a Delinquir, Difusión e Incitación al Racismo y otros que se habrían generado durante el bloqueo de caminos que se registró en el país”, informó ayer el fiscal general del Estado Juan Lanchipa
A esos procesos contra “actores sindicales” se suman las demandas interpuestas en contra del expresidente Evo Morales, que son al menos ocho, por casos como fraude electoral, terrorismo y sedición, milicias armadas, respiradores y bloqueos.
La más reciente demanda la interpuso ayer el Ministerio de Justicia, por la presunta comisión de los delitos de estupro, y trata y tráfico.
Además de los juicios, también están las acciones que últimamente asume esa fuerza política en el Legislativo, donde tiene amplia mayoría, pero que generan duras críticas y rechazo de sectores contrarios al partido azul.
En esa línea están los dos proyectos de ley que impulsan diputados del MAS, que buscan dar una “inmunidad retroactiva” a los movilizados que protagonizaron los bloqueos de rutas. La iniciativa fue blanco de cuestionamientos y no generó consenso ni al interior del partido azul en el Legislativo.
El presidente de la Cámara de Diputados Sergio Choque afirmó que los legisladores tienen la obligación de conocer y analizar cualquier proyecto de ley que sea puesto a su consideración, lo que no significa que tengan que aprobarlo.
“Son iniciativas que un ciudadano, en este caso de una parlamentaria (Betty Yañíquez), que irá a la Comisión de Constitución y Comisión de Derechos Humanos, donde están oficialistas y opositores que seguramente debatirán la accesibilidad de este proyecto de ley”, afirmó.
Otra acción que generó cuestionamientos contra el MAS fue la decisión de la Comisión de Política Internacional de Diputados de aprobar un proyecto de ley para conceder salvoconductos a las siete ex altas autoridades masistas que están en la residencia de la Embajada de México en La Paz, desde noviembre de 2019. Agencias