En el caso específico de Bolivia, la TJCA señala que tiene adeudados sus aportes correspondientes al segundo semestre del 2019 y el primero del 2020.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN) afirma encontrándose en una grave crisis económica que pone en serio riesgo la continuidad de sus labores y pidió a Bolivia, además de otros países, pagar sus aportes adeudados.
A través de una misiva enviada a la presidenta del Estado, Jeanine Añez, el Tribunal de Justicia de la CAN (TJCA) resalta que el mismo pedido se realiza a Colombia Ecuador y Perú.
En el caso específico de Bolivia, la TJCA señala que tiene adeudados sus aportes correspondientes al segundo semestre del 2019 y el primero del 2020. El monto adeudado ascendería a aproximadamente medio millón de dólares, según la información a la que tuvo acceso el portal Oxígeno.bo.
“Señora Presidenta, esta corte internacional tan solo cuenta con recursos económicos para cubrir sus obligaciones laborales y los gatos institucionales hasta el mes de agosto de este año, razón por la cual es esencial que los países miembro den cumplimiento con carácter de urgencia a los compromisos asumidos con el proceso de integración andino y especialmente con este Tribunal”, señala la misiva enviada por el ecuatoriano Hernán Romero, magistrado presidente del Tribunal de Justicia de la CAN.
“Estoy seguro que las altas autoridades que componen el Consejo Presidencial Andino coadyuvarán a que este Tribunal continúe ejerciendo sus competencia en beneficio de los países miembros, las instituciones y Órganos del Sistema Andino de Integración y los más de 111 millones de ciudadanos andinos”, agrega la carta.
La TJCA es un órgano de carácter permanente, supranacional y comunitario, instituido para declarar la legalidad del derecho comunitario y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros de la CAN – Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (países miembros); Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay (países asociados); y España (país observador).
Fue creado el 28 de mayo de 1979 e inició sus funciones en 1984. Está compuesto por un magistrado de cada país miembro. Por Bolivia, el magistrado principal es Gustavo García Brito Iña. Agencias