Acompañado del exfiscal César Augusto Romano, el diputado evista Héctor Arce presentó ayer jueves el proyecto de Ley de Investigación de Fortunas para Jueces, Fiscales y Policías, cuyo objetivo es establecer mecanismos de lucha contra la corrupción.
“Este proyecto de ley establece la obligatoriedad que tiene el Estado de verificar las declaraciones juradas. Acá tengo una declaración jurada de altas autoridades y revisando bien, no tienen nada, pero si le pones el sueldo de dos años, esta declaración jurada debería reflejar lo que tienen, por tanto, esta ley establece el mecanismo de verificación de cuál es el patrimonio real que tiene ese servidor público en relación a la vida ostentosa que algunos servidores públicos llevan”, indicó el legislador oficialista.
Por ejemplo, mencionó que en algunos casos no aparece nada, pero en otros muestran datos “inflados”, porque, en su criterio, “van a robar” y en otros casos estos bienes se registran a nombre de sus hijos, hijas, padres, suegros y otros, “porque saben que van a robar (a futuro) y por eso hacen esa transacción ficticia”.
Citó que uno de los casos que no prospera en el órgano judicial, presuntamente por la corrupción, es del presidente de la Administradora Boliviana de Carretera (ABC), Henry Nina, contra quien pesa una denuncia penal.
“Henry Nina recibió dinero en maletín y bolsas negras, en una ocasión recibió más de 1,2 millones de bolivianos. Sus padres de Henry Nina han recibido dinero, con el fin de protegerlo. No vamos a claudicar la lucha contra estos corruptos”, aseveró Arce.
En el artículo 1, sobre el objeto, especifica que “es un mecanismo de lucha contra la corrupción respecto a medidas preventivas, penalización y aplicación de la ley, cooperación internacional, recuperación de activos, asistencia técnica e intercambio de información, y mecanismos de aplicación, en el marco jurídico de la investigación de fortunas de todos los servidores públicos del Órgano Judicial en el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunales Departamentales de Justicia Vocales y Jueces, Derechos Reales, Ministerio Público y Policía Boliviana.
Incluso hace referencia al secreto bancario, en su articulo 6, en la que establece que los funcionarios alcanzados por la presente norma, cuando estén en ejercicio de funciones y hasta dos años luego de haber sido cesados, “no podrán invocar el derecho al secreto bancario”.
El documento elaborado por el diputado Arce, con el apoyo del equipo técnico compuesto por Romano y Juan Marcelo Cazas, será remitido al Ministerio de Justicia, con el fin de que sea complementado y luego se remita a la Asamblea Legislativa. Agencias
