La empresa intermediaria que proveyó gases lacrimógenos y otra munición no letal al Gobierno con presunto sobreprecio, Bravo Tactical Solutions LLC, no tiene registro en Fundempresa en Bolivia, sólo reporta una sede en Estados Unidos.
El contrato que firmó la empresa con el Ministerio de Defensa por casi Bs 40 millones, luego de la crisis política de 2019, está sometido a una investigación.
El registro de Fundempresa y otros que se requieren para contratos con el Estado resguardan la seguridad jurídica y sociedades comerciales del país.
Al respecto, sólo se ha informado que se comunicó al fabricante que la compra de los gases para la Policía y las FFAA ya no se hará a través de su representante en el país, sino de un intermediario con sede en EEUU.
En tanto, la Fiscalía abrió una investigación a denuncia del MAS contra los ministros de Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Fernando López. También contra el representante de la intermediaria, Bryan Berkman, y el director administrativo del Ministerio de Gobierno, Sergio Zamora.
Se cuestiona que el padre del representante (Luis Berkman Littman) sea amigo del jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno, Rodrigo Méndez, según la denuncia.