La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) solicitó ayer suspender el tratamiento del Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.
«…solicitamos la suspensión del tratamiento del Proyecto de Ley 218/2020 – 2021 y la apertura de un espacio de diálogo entre los actores que estamos involucrados, a fin de adecuar esta norma a la supremacía de la Constitución Política del Estado», se lee en un comunicado divulgado hoy por los empresarios.
El sector observa que el proyecto de norma «contiene artículos que afectan derechos y garantías constitucionales», y por las «imprecisiones de su redacción», pone en estado de indefensión a los ciudadanos, empresarios y emprendedores.
Al menos siete artículos del proyecto de ley son los más cuestionados por diversos sectores. Desde su aprobación en Diputados, más de 10 actores sociales rechazan su aprobación.
Gremiales, empresarios, transportistas, cívicos, activistas, evangélicos, comerciantes minoristas, carniceros y el gremio de la prensa observan que el proyecto vulnera derechos establecidos en la Constitución, pues da “suprapoder” al Ministerio de Economía, subordina la Fiscalía al Ejecutivo, atenta contra los derechos individuales.
«Las serias falencias e impactos que tendría esta ley para el desarrollo de la actividad productiva y la vida ciudadana son de conocimiento de las autoridades involucradas en su tratamiento, a quienes hemos hecho llegar el detalle de nuestras observaciones «, informó la confederación.