A través de un comunicado público la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) rechazó este lunes el anuncio del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien adelantó el inicio de procesos de expropiación o intervención del hospital Udabol de Santa Cruz y del hospital Univalle de Cochabamba.
“Exhortamos al Gobierno a que, si se necesitan mayores acciones y recursos para enfrentar la crisis sanitaria, privilegie el diálogo y la coordinación con los actores directos, prescindiendo de advertencias y acciones unilaterales que pueden generar más incertidumbre en el sector privado e incluso afectar derechos protegidos por la Constitución y las normas vigentes”, afirmó la entidad empresarial, cuyo presidente es el cruceño Luis Barbery.
Murillo dijo en una conferencia de prensa que la decisión responde al eventual colapso del sistema público de salud y que en caso de expropiación o intervención, el Gobierno pagaría el precio justo.
Al respecto, la entidad que aglutina al sector privado formal recordó que, durante la pandemia, los empresarios de todo el país han sosteniendo la cadena de producción de alimentos y productos básicos, e incluso han aportado con campañas solidarias, aportes directos y han prestado toda la ayuda posible a los esfuerzos de las autoridades nacionales y locales para enfrentar esta situación.
Empero, los empresarios demandan que si se decide de todos modos aplicar medidas como las anunciadas por el ministro de Gobierno, éstas sean asumidas de común acuerdo con los propietarios de los predios sanitarios privados, respetando los requisitos legales de procedencia de estas medidas extraordinarias como la declaratoria previa de necesidad pública mediante Ley y el pago anticipado del justo precio.
“Caso contrario, se estarán validando medidas confiscatorias y atentatorias contra el interés privado, incidiendo negativamente en la situación del sector y afectando, indudablemente, el clima de inversiones en nuestro país”, afirma la CEPB. Agencias