El apoderado legal del predio Monteverde indica que el terreno fue avasallado en 2011 y que el INRA demoró años en hacer las notificaciones para el desalojo. Denuncia que el representante de la Defensoría del Pueblo tiene interés de favorecer a ocupantes del espacio.
Carlos Lara Ugarte, responsable regional de la Defensoría del Pueblo, informó que 67 personas, entre ellas niñas, niños y adultos mayores, quedaron sin techo debido a la acción policial en la comunidad campesina Nuevo Renacer, ubicada a 73 kilómetros de San José de Chiquitos.
Sin embargo, Adrián Castedo, presidente de la Asociación de Ganaderos de San José Chiquitos y apoderado legal del predio, asegura que el desalojo fue legal y que no ocurrió ningún tipo de abuso por parte de los efectivos policiales, descartando la versión de Lara Ugarte, a quién señaló como «cómplice de los traficantes de tierra».
Castedo indica que el terreno fue avasallado en 2011 y que el INRA demoró años en hacer las notificaciones para el desalojo. Denuncia que el representante de la Defensoría del Pueblo de San José tiene interés de favorecer a ocupantes del espacio. Agencias