Estudiantes denunciaron mediante redes sociales, la titulación por decreto es ilegal y es una estafa igual que hicieron en el 2015, 2017 y 2022 con el objetivo de burlar los exámenes de competencia públicos y abiertos y principalmente la evaluación estudiantil; no dignifica la cátedra, ni fortalece la carrera docente; al contrario, otra vez mellarán la calidad docente y asaltarán a los buenos docentes meritorios, siendo un premio para la mediocridad y politiquería que solo traerá mayor decadencia académica e institucional.
Las autoridades ocultan esta titulación por decreto que se sostiene por un reglamento ilegal aprobado en 2017. Ese reglamento trucho les quitó a los facultativos el control del proceso de titulación y entregó el poder a la Dirección de Planificación Académica (DPA), una administración sin cogobierno, cuya administración asignada por el rector de turno responde a la rosca, pero no a la academia.
Pero no les bastó con controlar el proceso para favorecer a la camarilla; modificaron la tabla de evaluación, aumentando la ponderación de méritos de 20 al 40 por ciento para que exdirigentes y familiares de las autoridades obtuvieran puntajes similares o superiores frente a profesionales mejor preparados. Quitaron la evaluación estudiantil, mientras que en universidades del mundo los alumnos evalúan a sus docentes; ahora los estudiantes están privados de evaluar a los docentes.