El consorcio denominado Bolicomar es el que más dinero recibió el año pasado. La Ministra de Comunicación, Isabel Fernández anuncia que inició una auditoría que llegará a las instancias que correspondan. Desde el MAS le quitan crédito, pero admiten que hay delito si difundió campaña y no gestión.
La ministra de Comunicación, Isabel Fernández, reveló que en la gestión 2019, el Gobierno de Evo Morales utilizó recursos del Estado para su campaña en el exterior, porque destinó la mayor inversión en radio, más de Bs 1,8 millones, a la red Bolicomar, un complejo conformado por tres emisoras, pero que no se emiten en Bolivia, sino en Buenos Aires, Argentina.
“Son tres radios que operan en Buenos Aires: Metropolitana, Popular y ATV. Las tres conforman Bolicomar, consorcio dirigido por Arturo Choque Calzada. Recibió el monto de Bs 1.855.850. Ocupa el primer lugar de la pauta”. El Gobierno del MAS invirtió en 2019 en 253 radios y programas independientes, un monto total de Bs 25.973.393.
En la red social Facebook, las tres emisoras lanzaron el año pasado varios mensajes del candidato Evo Morales, dirigidas a los votantes en Argentina, en los meses previos a las elecciones de octubre, con mensajes como los beneficios de la doble nacionalidad. También se pudo hallar la transmisión de una proclamación del MAS en la capital argentina.
La autoridad gubernamental aclaró que durante el año electoral el Gobierno del MAS invirtió más de Bs 238 millones en televisión y Bs 32 millones en periódicos. “Efectivamente, la radio siempre se llevó la torta más pequeña, pero eso; efectivamente tiene que ver con sus características”.
El diputado del MAS y presidente de la comisión de Constitución, Víctor Borda, manifestó que cualquier denuncia del Gobierno debe tener “algún indicio o elemento de prueba. Los ministros actuales hacen acciones improvisadas, quisiéramos ver informes de auditoría, de Contraloría que pudieran respaldar estas afirmaciones. Porque para este Gobierno todo es culpa del MAS”, indicó.
Para la ministra, “estos datos muestran que el Gobierno anterior utilizó recursos del Ministerio para hacer campaña política fuera del país. Además, hay una serie de reglas que esta repartición estatal o cualquier otra que pautee en medios debe cumplir. El pago a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), al Servicio de Impuestos en Bolivia y un montón de cosas. No sabemos cómo hicieron la contratación, precisamente hoy dí la instrucción para que se inicie una auditoría completa a todo lo que hay. Si hallamos irregularidades en los procesos, las denunciaremos donde corresponda”. En 2017 y 2018, no está Bolicomar, pero sí aparecen medios separados.
El asambleísta del MAS señaló que es importante establecer los motivos de la contratación. “Hay que verificar para confirmar si fue propaganda política o de gestión. Nos sorprende mucho, emiten criterios a priori. Ahora, si se ha contratado y se demuestra que se contrató ese consorcio para una propaganda de carácter político, evidentemente habría un mal uso de los recursos del Estado. Porque eso debiera pagar el partido político, el candidato, no el Estado. Por eso, la ministra debe promover un proceso penal, para establecer la verdad histórica de los hechos”.
La segunda radio en la que más invirtió la administración de Evo Morales en 2019 fue ATB Radio, con Bs 1.206.807, pero la ministra subrayó que llamó la atención de que este medio tiene tres partidas diferentes en distintos años, “lo cual estamos investigando. Debiera ser una sola cuenta, y el pago sale del Ministerio de Economía, de la cuenta Comunicación, aquí aparecen tres”.
Luego viene Comubra, con Bs 746.130; Monumental, con Bs 530.010; Radio Gente y Popular, con Bs 509.020; Jacinto Rodríguez, con Bs 447.880; Kawsachun Coca, con Bs 442.840; Éxito, con Bs 371.543; Red Panbe, con Bs 352.640 y San Gabriel, con Bs 321.680.
La ministra Fernández mostró su sorpresa porque la repartición de la pauta en radio tampoco obedece al ranking de audiencia de las emisoras. “En 2017, Panamericana aparece en el puesto 49 con Bs 43.000, frente a Bs 730.000 de ATB Radio, la primera en ese caso”. Lo mismo ocurrió con emisoras como Fides y Erbol. “Los medios de mayor audiencia, las radios en este caso, no recibieron la preferencia del Gobierno”.
El diputado Borda ratificó que “no existe ningún delito, si es que el Estado suscribe convenios o contratos con medios que no tengan raiting» y agregó que «el Gobierno puede hacerlo con cualquiera, en cuanto acredite su vigencia. Si no lo hace, si es un medio fantasma, ahí es un delito”.
Las radios comunitarias no reciben pauta del Ministerio de Comunicación, porque se hizo convenios con alcaldías y movimientos sociales, “seguimos trabajando con esa modalidad. Sin embargo, no sabemos por qué Kawsachun Coca, que es radio comunitaria, está en el séptimo puesto de inversión. Lo mismo ocurre con la radio del sindicato de mujeres Bartolina Sisa”, dijo.
Sobre este tema, el diputado Borda replicó que la política del gobierno “definitivamente es eliminar medios de comunicación masivo que tengan una directa comunicación con la gente del área rural. No sigue la línea, el libreto del gobierno de transición, y por eso el objetivo es callar esas radios”, cuestionó. Agencias