Evo Morales vuelve a ocupar un lugar central en la crisis política y social que atraviesa Bolivia; a la movilización de sus seguidores iniciada por su inhabilitación como candidato presidencial, que deja al país en una virtual debacle financiera; se suman las acusaciones del gobierno, de la oposición y de otros sectores de la sociedad civil como el más probable autor intelectual de los hechos de violencia, que provocaron la muerte de al menos seis personas en enfrentamientos en el norte de Potosí y Cochabamba.
El Gobierno ha denunciado públicamente la ‘brutalidad’ con la que actuaron las huestes del exmandatario en las rutas y ha instruido a la Fiscalía la identificación de los autores materiales e intelectuales de estos hechos. Si bien no hay una imputación formal en su contra, líderes políticos del oficialismo y la oposición apuntan a Evo Morales como el instigador político de los bloqueos y de la escalada de la violencia, dadas las consignas lanzadas en sus redes sociales y las declaraciones públicas en las que llama a la resistencia a los desbloqueos y a la masificación del conflicto que denominó como ‘la batalla final’ para lograr su cometido de ser nuevamente candidato presidencial en las elecciones nacionales de agosto venidero.
A lo largo de su administración del Estado, Morales ha sido señalado por diversos sectores y organismos por haber incurrido en presuntas violaciones a los derechos humanos. El primero de ellos es el de La Calancha, Sucre, ocurrido entre el 23 y 25 de noviembre de 2007, durante las protestas originadas por el descontento popular contra la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y el traslado de la sede de Gobierno. La represión policial dejó 3 muertos y unos 300 heridos, evidentemente, hubo acusaciones del uso desproporcionado de la fuerza, pero los policías investigados no fueron sentenciados, porque alegaron que cumplieron con la cadena de mando. Morales no fue imputado.
Posteriormente, Bolivia experimentó uno de los episodios más conflictivos de su historia reciente, cuando se produjo la masacre de Porvenir, acaecida el 11 de septiembre de 2008, que dejó al menos 13 muertos en enfrentamientos entre campesinos afines al Movimiento al Socialismo (MAS) y funcionarios de la entonces prefectura opositora de Pando. Aunque la investigación responsabilizó directamente al exprefecto Leopoldo Fernández, sectores críticos apuntaron a una estrategia de confrontación impulsada desde el Ejecutivo.
El caso del Hotel Las Américas, hecho que aconteció la madrugada del 16 de abril de 2009, cuando un grupo élite de la Policía ingresó a ese hospedaje para detener a un supuesto comando conformado por bolivianos y extranjeros que planificaban atentar contra la seguridad del país, como una campaña promovida de la denominada ‘Media Luna’ para la escisión del país. En el operativo, que no contó con la participación del Ministerio Público, murieron tres extranjeros y se detuvo a dos personas.
Otro de los casos con la movilización en Beni que fue crucial para evitar que el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) fuera dividido para la construcción de una carretera. En la octava marcha indígena, se exigió diálogo con el gobierno de aquel entonces, pero en su lugar, el 25 de septiembre de 2011, ancianos, mujeres y niños fueron gasificados, maniatados y golpeados.
Respecto a las masacres de Sacaba y Senkata, si bien estos hechos ocurrieron tras la renuncia de Morales, en medio del vacío de poder que dejó su salida del país, existen denuncias sobre su responsabilidad política al haber alentado a la movilización, tal cual se escucha también en un audio atribuido a su persona en el que llamaba a no dejar pasar comida a las ciudades. En Sacaba, Cochabamba, murieron 11 personas; y en Senkata, en El Alto, al menos 10. La CIDH calificó ambas como masacres, el exjefe de Estado no ha sido imputado por estos casos.
Una de las investigaciones más mediáticas se centra en su presunta relación con una adolescente cuando era presidente del Estado, fruto de la cual habría nacido una niña cuando su pareja tenía tan solo 16 años. La causa sigue sin posibilidad de avanzar, aun cuando existe una orden de aprehensión en su contra, y ha sido calificada por sus sectores afines como un ‘montaje político”.