El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz presentó una acción de libertad, en su defensa, ante la denuncia de supuestos casos de corrupción que el Ministerio Público investiga en su contra y el de otros funcionarios de la estatal petrolera.
La Fiscalía de La Paz cuestionó que la acción se presentara en Santa Cruz, siendo que la comisión investigadora está en la sede de Gobierno. Además, denunció al Juzgado 15vo. de la capital oriental, por no haberlos notificado para que se presenten en la audiencia fijada para el jueves y luego para la mañana de este viernes.
El fiscal asignado al caso YPFB, Alexis Vilela, dijo que le sorprende el accionar del secretario del Juzgado 15vo. de Sentencia en lo Penal de Santa Cruz y del juez que tiene control de ese Juzgado porque pretendió realizar audiencias sin la notificación legal y mucho menos señaló un link para poder acceder a la plataforma virtual del sistema blackboard conforme ha dispuesto el Tribunal Supremo de Justicia para realizar audiencias durante la pandemia.
Ante la representación fiscal, la audiencia de acción de libertad se pospuso para este sábado a las 10:30, donde la comisión de fiscales, hará valer ante el juez que “esta acción no tendría ningún argumento lógico para poder ser concedida”.
El proceso
La Fiscalía paceña investiga supuestos ilícitos, referente a resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencia, en procesos de contratación directas que habrían realizado funcionarios de YPFB durante el estado de emergencia por la cuarentena.
Esos actos se habrían realizado, a raíz de una resolución que emitió Herland Soliz en su condición de presidente de la entidad petrolera.
Riesgos procesales
El martes, el fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío aseguró que Soliz activó en su contra, riesgos procesales, al no presentarse a declarar por el caso de presuntas irregularidades en la contratación de seguros a la empresa estatal.
La exautoridad había tenido dos citaciones a declarar y al no presentarse la Fiscalía emitió un mandamiento de aprehensión y activó una “alerta migratoria” en las fronteras, para evitar una posible fuga fuera del país.
En días pasados, fiscales y policías a la cabeza de la fiscal de la unidad anticorrupción, Mirtha Mejía, ingresaron con una orden judicial, a la vivienda de Soliz, ubicada en la urbanización Las Palmeras, en la avenida San Aurelio entre tercer y cuarto anillo, de la capital cruceña. No lo lograron encontrar.
En un video que publicó en sus redes sociales, Soliz denunció que estaba siendo perseguido por la Fiscalía de La Paz. Pidió que su declaración se realice en la Fiscalía de Santa Cruz. Aseguró que no pensaba salir del país, porque su conciencia está tranquila, rechazando las denuncias de actos de corrupción en su contra. Agencias