“Hasta un perro tiene justicia y yo no”, fueron las palabras que dijo Juan Vergara, el hombre que junto a su familia no puede vivir en paz en su propia casa pese a tener el respaldo de la justicia.
A Mediados de los años 80, Juan Vergara compró un terreno de 849 metros. Por motivos familiares, tuvo que viajar a Potosí, dejando el terreno al cuidado de su hermano. Entre el 2012 y 2013, los papeles de esa propiedad salieron 50% a nombre de Vergara y 50% a nombre de su hermano. Sin embargo, ese registro tendría irregularidades.
En medio de un conflicto familiar, Vergara inició un proceso para buscar la anulación de esa inscripción; sin embargo, el pasado mes de abril organizaciones sociales que conforman la Central Campesina de Eterazama emitieron un voto resolutivo que resuelve “la expulsión de la familia que integra el entorno del Sr. Juan Vergara por incumplimiento de normas estrictas que representen al derecho de la vida e incumplimiento de la función social hacia la población. Así mismo notifica que el 50% de la propiedad en disputa será administrado por parte del Comité Cívico a favor de la población de Eterazama”, dice un documento.
Juan y su familia fueron expulsados de su casa.
Cansado, el 27 de agosto Vergara presentó una acción de Amparo constitucional ante el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba contra los dirigentes y la viuda de su hermano que participaron en la expulsión, llegando la justicia a darle la razón.
Sin embargo, Vergara mostró documentos en el que las personas que habrían estado involucradas en su desalojo, afirmaban el cumplimento de la acción de amparo constitucional, pero en la realidad no se estaría cumpliendo, por lo que pide la intervención de las autoridades.
“Pedimos que se cumpla la justicia y que las instituciones la hagan cumplir”, dijo.