Bolivia
En medio del escándalo institucional que atraviesa la estatal petrolera tras la declaración de rebeldía de su expresidente, Armin Dorgathen, nuevos cuestionamientos surgen en torno a la figura de la periodista Fabiola Chávez. Según diversas denuncias que han cobrado gran fuerza de viralización en plataformas como Facebook y TikTok, Chávez no solo mantendría su vínculo laboral con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sino que ocuparía un cargo estratégico dentro del área de Talento Humano.
La relevancia de estas denuncias radica en la red de conexiones políticas que se le atribuyen. Fabiola Chávez ha sido identificada por diversos sectores y publicaciones de prensa como la expareja de Dorgathen, pero también como una colaboradora de extrema confianza o «mano derecha» de Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce Catacora. Esta posición de cercanía con el círculo íntimo del poder ha puesto bajo la lupa sus actividades y responsabilidades dentro de la administración pública.
Uno de los señalamientos más graves que circula en la opinión pública vincula a Chávez con el transporte y salida de divisas (dólares) hacia Brasil. Según los testimonios y denuncias difundidas en redes sociales, estas operaciones se habrían realizado presuntamente bajo la protección y el amparo de su relación con Marcelo Arce. Más grave aún es el alegato de que los pasajes y costos de viaje para estos traslados habrían sido cubiertos con recursos económicos de la propia estatal YPFB, lo que implicaría un presunto uso indebido de bienes y fondos del Estado.
Estas afirmaciones surgen en un escenario de extrema polarización política y conflictividad judicial en el país. El entorno familiar de Luis Arce, y específicamente su hijo Marcelo Arce, ha sido el blanco de múltiples querellas penales y procesos investigativos impulsados, en gran medida, por sectores afines al ala «evista» del Movimiento al Socialismo (MAS). En este complejo tablero de poder, la situación laboral y los movimientos de Fabiola Chávez se han convertido en un punto crítico de las denuncias de corrupción y tráfico de influencias que rodean la gestión de la estatal petrolera.