Casi dos semanas después de haberse producido la aprehensión de 57 dragueros en la localidad de Riberalta, la Federación Nacional de Cooperativas (Fencomin), reunió a sus asociados departamentales, quienes lanzaron un ultimátum al Gobierno para que repare los daños a la cooperativa Asobal.
“Ratificar la exigencia al presidente del Estado para que proceda con la destitución del señor Erick Ariñez Bazán de su cargo como director ejecutivo de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera por haber atentado contra el sacrificado trabajo que realizamos las cooperativas del país”, señala el segundo punto de las exigencias de los mineros.
Más adelante advierten que ya se declararon en estado de emergencia y asumirán medidas de presión, aunque no informaron cuándo empezará la movilización de las cooperativas mineras. “Hasta la fecha no tenemos la atención de nuestras autoridades, por lo que ratificamos la declaratoria de estado de emergencia a nivel nacional y anunciamos públicamente que en coordinación con nuestras federaciones departamentales y regionales daremos inicio a diferentes medidas de hecho a nivel nacional”, advirtieron.
Recordemos que el 14 de julio en un gigantesco operativo, fuerzas policiales y militares irrumpieron en las dragas que estaban en el río Madre de Dios y capturaron a 57 empleados; cuatro días después la audiencia cautelar de los mismos en La Paz determinó detención domiciliaria para 38, mientras que 19 fueron remitidos al penal de Villa Busch en la ciudad de Cobija.
Los cooperativistas también advirtieron al Gobierno sobre el peligro que hay si reconocen a otras entidades similares, en clara referencia a la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol) que buscan que sea reconocida. Los dirigentes afirmaron que de seguir ese camino, el final será un enfrentamiento entre los propios mineros que buscan su representación.
Finalmente, pidieron a las autoridades no ser cómplices de un intento de división del movimiento cooperativo minero cooperativista boliviano.
