Fiscalía de El Alto niega participación de libertad por el caso comidas

Como si de una broma se trataría el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, mediante sus abogados pidió una acción de libertad a la Fiscalía de El Alto, por las presuntas irregularidades en la adjudicación de comida para militare y policías. Caso que está en proceso de investigación por la Fiscalía de nuestro departamento.

La Sala Constitucional Tercera de la ciudad de El Alto denegó la acción de libertad presentada por la defensa del Alcalde cochabambino, José María Leyes porque se verificó que no se encuentra en situación de indefensión tal como aludió en la ciudad de Cochabamba, donde enfrenta un proceso por la compra irregular de comida para policías y militares por 15 días cuarentena.

Leyes argumentó en Cochabamba que solo tiene un abogado que se encuentra en la ciudad de La Paz, por lo que su defensa tramitó la acción ante el juzgado más próximo, en este caso la ciudad de El Alto.

La Fiscal de Materia Faridy Arnez que se trasladó hasta El Alto, informo que Leyes interpuso acción de libertad en contra de los fiscales de la comisión que lleva adelante este caso y contra la juez que ejerce el control jurisdiccional, alegando que supuestamente se vulneró su derecho a la defensa, porque él cuenta con un sólo abogado que está en La Paz.

El alcalde argumentó además que se le habría negado el acceso al cuaderno de investigación, a conocer la denuncia y a todos los elementos que se obtuvieron durante la investigación y que la misma era ilegal porque no existía control jurisdiccional.

En la audiencia, la comisión de fiscales desvirtuó los argumentos presentados por Leyes ante Tribunal de Garantías y se demostró que esta persona no se encuentra en situación de indefensión puesto que tiene abogados tanto en la ciudad de Cochabamba como en La Paz y que efectivamente se cuenta con un juez que ejerce el control de la investigación de este caso.

Según los antecedentes, el alcalde Leyes y otros tres funcionarios municipales fueron denunciados el pasado 27 de abril por tres concejales del municipio de Cochabamba por presuntas irregularidades en la contratación de una empresa de alimentos para la dotación de comida para policías y militares.

Agencias