El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa pedirá la pena máxima de 10 años de prisión para los implicados en el caso gases lacrimógenos, entre los que se encuentran los exministros Arturo Murillo y Fernando López.
La autoridad, en rueda de prensa, indicó que los delitos contra los acusados son uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, entre otros.
El proceso se inició luego de una denuncia de un presunto sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos y otros agentes químicos, solicitados por el Ministerio de Gobierno, a la cabeza de Arturo Murillo, el 19 de diciembre de 2019. Sin embargo, la compra la hizo el Ministerio de Defensa, a cargo de Fernándo López.
La denuncia hacía énfasis en que los productos estaban por encima del precio pagado por otros países, debido al proceso intermediado por la compañía Bravo Tactical Solution LLC.
Otros de los acusados por este caso son el representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC, Brian Samuel Bergman, quien fue declarado rebelde. Además del exdirector de Logística del Ministerio de Defensa, Pedro Rea; el exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, Raúl López y la exdirectora general de Asuntos Administrativos, Ruth Palomeque.
También se acusa al exjefe de la Unidad de Análisis Jurídico del Ministerio de Defensa, Alan Menacho; al exdirector de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno, Sergio Alberto Zamora, quien está declarado rebelde; y al exresponsable de artículos clase 5 del Ministerio de Defensa, Denis Vera.
“El Ministerio Público emitió la acusación formal debidamente sustentada, basada en 37 pruebas testificales y 179 pruebas «, sostuvo Lanchipa.