Santa Cruz
El diputado arcista del MAS, Rolando Cuéllar, rompió filas hoy (27) con el gobierno de Luis Arce al exigir públicamente la aprehensión de Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente, por su presunto envolvimiento en un caso de corrupción vinculado a un crédito millonario del Banco Ganadero en el predio productivo ‘Adán y Eva’ en Santa Cruz.
«No se puede utilizar las influencias para intereses personales y sacar créditos de más de tres millones y medio de dólares. Tampoco se puede utilizar las luchas y muertes de los hermanos de Senkata y Sacaba, para que otros disfruten a costillas de los pobres», escribió Cuéllar en sus redes sociales.
«Justicia pide el pueblo boliviano. Nosotros no metemos la mano al fuego por nadie», expresó el legislador oficialista. Esta declaración desafía la lealtad partidaria, refleja el malestar dentro del MAS ante los recientes resultados electorales y los recientes escándalos de corrupción con figuras cercanas al poder.
La Fiscalía del Departamento de Santa Cruz confirmó este miércoles que una Comisión del Ministerio Público allanó y secuestro el predio Adan y Eva, de propiedad de Rafael Arce Mosqueira, en el marco de la investigación reabierta ante la denuncia del diputado Héctor Arce.
En 2024 el diputado “evista” Héctor Arce denunció la adquisición irregular del predio “Adán y Eva” por parte de Rafael Arce Mosqueira.
Tras ello, una investigación de Connectas, en alianza con Aristegui Noticias, El Espectador, La Nación y La Prensa Gráfica reveló que Rafael adquirió la propiedad por 3.3 millones de dólares, cuando solo tenía 25 años.
A ello se suma que, a través de trámite exprés, obtuvo permisos de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) para ampliar los desmontes a casi mil hectáreas.
“Adán y Eva” se encuentra entre los municipios de La Guardia y Cabezas del departamento de Santa Cruz, dentro de una zona de alto valor comercial para la expansión de monocultivos, por lo que los precios de mercado oscilan entre 2.000 y 3.500 dólares por hectárea, informa la Fundación Tierra.
“Hoy,me entero de que la Fiscalía finalmente dispuso el secuestro de esta propiedad, adquirida con el dinero del pueblo boliviano, donde su precio real supera los 5.4 millones de dólares. Este caso es una muestra clara de cómo el poder pretende encubrir la corrupción, pero también demuestra que, la verdad empieza a salir a la luz”, señala el diputado Hector Arce en sus redes. Agencias
