En medio de la tensión generada por la instalación de un alambrado en la frontera entre Argentina y Bolivia, el interventor de Aguas Blancas, de la provincia de Salta, apuntó contra el presidente Luis Arce al señalar que “por acción u omisión” llena de droga a su región.
Además, Adrián Zigarán, el interventor de Aguas Blancas, calificó de ridícula la molestia de Bolivia por el cerco de 200 metros en el paso fronterizo que une a Salta con Bolivia.
“El gobierno de Bolivia, por acción u omisión, nos llena de toneladas de cocaína todos los días y se alteran por un alambrado de 200 metros. Es ridículo. No vemos que haya la misma intensidad que le ponemos nosotros para la lucha contra el narcotráfico. La narcofrontera se corrió unos 300 kilómetros dentro de Salta y nosotros queremos volver a correrla con los límites con Bolivia”, enfatizó Zigarán al diario La Nación.
El funcionario ahondó en torno a la militarización de la zona por parte del gobierno boliviano y señaló que en el país existe un problema de carácter interno.
“Flashearon a Donald Trump, no sé si tienen que resolver un problema interno, pero el comunicado es completamente desubicado. Bolivia militarizó su lado de la frontera y nosotros no dijimos nada”, agregó.
Sobre el corrimiento de la frontera con Bolivia sostuvo que, antes del Plan Güemes, en Salta se “vivían escenas de sicariato, mexicaneadas, degollados, decapitados, acuchillados, ejecutados y atados con precintos”.
El Plan Güemes, que surgió por iniciativa del ministerio de Seguridad argentino tiene como objetivo combatir el narcotráfico. Así como el contrabando y la trata de personas, fortaleciendo el control fronterizo y las capacidades de análisis criminal.
Zigarán también se refirió al tema migratorio entre ambos países y dijo que Bolivia no colabora para mejorar la circulación de personas por la frontera.
“Se les pidió que pongan más personas en migraciones, porque venían las fiestas, y mandaron uno solo”, dijo Zigarán. Quien señaló que esto ocasiona un cuello de botella en el paso oficial, con 10.000 a 15.000 personas que cruzan la frontera ilegalmente. Agencias