Santa Cruz
Después de varios días de la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el gobierno de Luis Arce no logró sacar del poder a su acérrimo opositor, quien ejerce el cargo desde la cárcel de Chonchocoro (La Paz), y ahora proyecta tres caminos para cumplir con ese objetivo: nuevas elecciones, un recurso de incumplimiento y controlar la Asamblea Legislativa Departamental.
Desde la gobernación de Santa Cruz denuncian un «golpe de Estado» en contra de sus autoridades electas.
El vicegobernador Mario Aguilera anunció que no asumirá el cargo de Camacho porque legalmente no existe una vacancia ni existe una figura legal que establezca la pérdida de mandato de la primera autoridad departamental cruceña por una detención preventiva.
Uno de los ministros de Luis Arce que tomó la batuta para quitar el poder a Camacho es el ministro de Justicia, Iván Lima, quien ayer planteó al menos dos vías para consolidar ese objetivo.
Una acción constitucional de cumplimiento porque Camacho como Aguilera habrían dejado sin dirección a Santa Cruz o nuevas elecciones, aunque después aclaró que esta última opción estaría en manos del Tribunal Supremo Electoral.
Sin embargo, hay otra vía que el MAS está trabajando. Tomar el control de la bancada indígena de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz para suspender a Camacho.
La bancada indígena es aliada de Creemos, alianza de Luis Fernando Camacho, y tiene cinco asambleístas. Creemos tiene 11 escaños al igual que el MAS.
El jefe de la bancada indígena del Legislativo cruceño, Roberto Urañavi, denunció ayer que hay una presión del MAS desde la aprehensión de Camacho. «A partir de organizaciones paralelas, quieren iniciar una revocatoria de mandato a los representantes de los pueblos indígenas» explicó en rueda de prensa.
La autoridad departamental emitió desde la cárcel resoluciones y un decreto para ratificar a siete secretarios departamentales y designar a uno nuevo. Agencias