El gobierno decidió procesar a todos los dirigentes que protagonizaron el bloqueo de caminos. Sin mencionar nombres, el viceministro de Gobierno, Wilson Santamaría afirmó que hubo muertos que se produjeron por las medidas de presión y por tanto se debe buscar a esos responsables.
“Alguien tendrá que asumir la responsabilidad respecto a estos bloqueos que han terminado con la vida de varios compatriotas, este es un tema en el que el Ministerio Público tiene competencia y esperamos que la fiscalía actúe finalmente”, dijo el viceministro en una entrevista del canal oficial del Gobierno.
El 29 de julio, en un cabildo que se realizó en la ciudad de El Alto, la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y del Pacto de Unidad, que aglutina a los grupos del MAS, decidieron el bloqueo general de caminos y la huelga general indefinida. El bloqueo se impuso en el país, pero ningún dirigente se puso en huelga.
En los estrados judiciales existe una denuncia del Gobierno contra los principales dirigentes del MAS, los denunciados son: Evo Morales, Luis Arce Catacora, David Choquehuanca, Andrónico Rodríguez, Leonardo Loza y del máximo ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, por los delitos de tentativa de genocidio y atentado contra la salud pública.
El 10 de agosto, la Fiscalía hacía conocer su decisión de iniciar la investigación y convocar a los acusados para que declaren sobre este caso. Hasta el momento no hubo una convocatoria de los fiscales a los denunciados.
Según las autoridades de Gobierno, al menos, unas 40 personas perdieron la vida en este tiempo de bloqueos, por falta de oxígeno medicinal, principalmente. Los bloqueadores afirmaron que el problema del oxígeno surgió antes de los bloqueos y recordaron que el 31 de mayo, el gobierno emitió un decreto que daba vía libre a la importación de este vital elemento.
Irregulares
La otra investigación que el gobierno impulsa es contra el surgimiento de grupos irregulares que, en este conflicto, salieron armados y exhibieron sus armas sin mayor problema. Ayer, la policía informó de la aprehensión de dos personas por la portación de un fusil Mauser que data de 1952.
“El gobierno ve con preocupación, pero no con temor, el surgimiento de estos grupos irregulares que portan armas, aunque para una diputada del MAS son armas de 1952; por eso es bueno que se informe que, aunque sean antiguas, matan, igualito terminan con las personas», expresó.
El viceministro Santamaría dejó en manos de los fiscales su proceder sobre la captura a estas personas. Aseguró que estas personas buscan dividir al país y por tanto deben ser procesadas como tal.
Los dirigentes de la COB y del Pacto de unidad, afirmaron que el gobierno criminaliza el derecho a la protesta y por eso inicia una persecución contra los que dirigen las movilizaciones, a tiempo de descalificar las amenazas de las autoridades.
Esta mañana, la dirigencia nacional cobista presentó una denuncia pública sobre el atentado que sufrieron sus oficinas, aunque la misma no está formalizada ante la Fiscalía. Sobre este hecho, el gobierno informó que seis personas fueron detenidas poco después de los atentados y que las mismas se acogieron al silencio.
Los dirigentes de El Alto, campesinos y maestros rurales, que rechazaron el cuarto intermedio dictado por la COB, aprobaron una resolución en la que exigen el cese de la persecución a los dirigentes. Agencias