A través del Decreto Supremo 4236 se anularon tres disposiciones citadas en los decretos 4231 (del 7 de mayo), 4200 (del 25 de marzo) y 4199 (del 21 de marzo).
“En atención a ciertas inquietudes, respecto a la interpretación de los decretos promulgados en el marco de la emergencia nacional y declaratoria de cuarentena total contra el contagio y propagación del coronavirus, a la luz del respeto a la libertad de expresión, se ha procedido a la derogatoria de tres disposiciones», señala la carta enviada por la Misión Permanente de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos.
Luego de la promulgación de las normas que entre otros aspectos fijaban sanciones para quienes «desinformen» o «generen incertidumbre», organizaciones nacionales e internacionales se manifestaron en contra.
El miércoles la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió que se modifique el decreto del 7 de mayo «para no criminalizar la libertad de expresión».
Por otro lado, el relator especial de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, criticó la norma y publicó en su cuenta de Twitter: «La desinformación se combate con acceso a información pública».
De igual manera, asociaciones de periodistas rechazaron la norma. Ante estas observaciones, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, inicialmente defendió el decreto y dijo que no afectaría a los periodistas, quienes se rigen por la ley de imprenta.
Disposiciones anuladas
En los últimos días hubo polémica por la promulgación del decreto 4231 que penalizaba a quienes difundan, a través de medios escritos, impresos o artísticos, información que afecte la salud pública o «genere incertidumbre».
Las disposiciones de los decretos 4199 y 4200 iban en la misma línea y fijaban sanciones para quienes «desinformen o generen incertidumbre». Agencias