Cuando la elección de la sede del Mundial de la FIFA en 2010 concedió la victoria a Qatar para albergar la 22 edición del torneo, el Gobierno qatarí planeó una nueva década en la que empezarían a desarrollar un gran número de proyectos. Sin embargo, según Amnistía Internacional, la construcción de estadios de última generación, hoteles de lujo y un nuevo metro ha violado los derechos fundamentales que todo trabajador, ya sea extranjero o no, debe tener. Según un informe publicado por el organismo este jueves, un gran número de guardias de seguridad se han encontrado y aún se encuentran en unas condiciones correspondientes a «trabajos forzados».
En este sentido, Amnistía ha documentado las malas experiencias de 34 empleados correspondientes a ocho empresas de seguridad privada en Qatar. «Los trabajadores, que están física y emocionalmente agotados, siguieron yendo a trabajar bajo la amenaza de sanciones económicas o bajo la de la finalización de su contrato o la de deportación», ha afirmado Stephen Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional. El personal de seguridad entrevistado, en su totalidad trabajadores y trabajadoras inmigrantes, describió que es habitual «trabajar 12 horas al día, siete días a la semana y sin un día descanso». Además, un guarda de Bangladesh ha declarado que no tuvo «un día libre en tres años».
Por su parte, el Gobierno qatarí anunció en 2019 reformas laborales de gran profundidad. Entre ellas, el fin de la kafala, el «sistema de patrocinio» o de «auspicio», que consistía en la explotación laboral utilizado para monitorear trabajadores migrantes. La nueva legislación del país limitaba las horas laborales a un máximo de 60 por semana, incluidas las horas extra, y todos los obreros debían disponer de un día de descanso pagado por semana.