La Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema), con sede en la capital costarricense San José, rechaza y anuncia una denuncia pública internacional contra el Gobierno de Bolivia por pretender impulsar y aprobar el ‘Proyecto de ley excepcional de saneamiento legal de vehículos automotores y otras mercancías indocumentados’.
A inicios del presente mes se conoció que la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Concepción Ortiz, presentó a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados el proyecto de ley mencionado.
Ortiz indicó que, con esta norma, se busca generar las condiciones para que aquellos poseedores de vehículos internados de manera ilegal puedan acogerse a la regularización y con los ingresos recaudados el Estado genere liquidez para combatir la crisis sanitaria derivada de la pandemia.
En ese marco, en un comunicado, la Aivema aclara que este proyecto violentaría las más elementales normas del trasiego legal e internacional de mercancías, principios básicos de seguridad vial poniendo el mismo Estado en peligro la circulación en vías públicas de sus propios ciudadanos al no comprobar el adecuado funcionamiento de estas unidades.
Además, desconocerían los tratados internacionales ambientales suscritos por Bolivia en protección de la Madre Tierra y ocasionarían serios daños ambientales que repercutirían en la salud pública de la población.
La organización internacional hace un llamado a la lógica, la ciencia y la técnica atribuyendo que ninguna actuación legislativa que se sustente en premisas ilegítimas y con falta de sustento técnico-jurídico puede justificar la aprobación de un proyecto de ley para satisfacer una necesidad recaudatoria y que va en detrimento de la salud pública y el medioambiente.
“Seguiremos atentos a este proyecto de ley para que los vehículos usados indocumentados no sean ingresados a Bolivia, en perjuicio de las empresas formales y legalmente establecidas como son las que conforman la Cámara Automotor Boliviana y que efectúan sus importaciones conforme a derecho”, puntualiza Aivema.
Cabe recordar que, tras conocer la existencia de un proyecto de ley para nacionalizar vehículos indocumentados en la Cámara de Diputados, la Cámara Automotor de Bolivia expresó su disconformidad plena y advierte que su promulgación expone a las empresas formales del sector al riesgo de quiebra.
Hicieron notar que a la fecha existen más de 20.000 unidades nuevas sin vender, importadas por el sector automotriz, que pagaron todos los tributos e impuestos por la vía formal.
Además, que existen más de 200 marcas importadas anualmente y al menos 45 empresas formales con riego de quiebra por las condiciones adversas, entre otras, competencia desleal de informales y el contrabando. Agencias