El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) resolvió el femicidio de Crismar Ojeda González (23), quien fue encontrada sin vida y desmembrada en la Carretera Nacional Troncal 10, comunidad San Antonio de Roscio, municipio Sifontes, estado Bolívar, el 26 de diciembre.
De acuerdo al reporte de Douglas rico en su cuenta de Instagram, la investigación reveló que Ojeda fue engañada por Benjamin Tiuna Torres Bigott (21), Rober Jefferson Harris Gómez (20) y Yordan Jesús Centeno Castro (25), todos de la comunidad indígena Kusarywara. Estos la llevaron a la zona con la promesa de un encuentro íntimo, pero al no cumplir con lo exigido por la víctima, la sometieron, abusaron de ella, la agredieron y finalmente la estrangularon y desmembraron.
Los sospechosos fueron detenidos en la avenida El Dorado, municipio Sifontes, donde se encontraron evidencias que los vinculan con el crimen.
El caso ahora está a disposición de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público, que se encargará de proseguir con el proceso legal contra los detenidos.
El caso conmocionó a diferentes sectores, provocó una enérgica muestra de repudio de parte del gobierno, que incluso habló de cadena perpetua, y generó que el comandante del Ejército Nacional se traslade a la región donde se produjo el hecho.
«No es ninguna excepción. Esa es la realidad de muchas de las niñas indígenas», afirma a BBC Mundo Armando Valbuena, vocero de la Organización Nacional Indígena de Colombia.
El líder social señala que las menores de comunidades en las zonas rurales del país no solo sufren de vejaciones por parte de soldados, sino también por grupos armados irregulares y de «los paramilitares, que siguen creciendo».
Diferentes organizaciones indígenas expresaron su repudio a lo sucedido e incluso reclamaron que los autores de la violación sean «entregados y juzgados» bajo su legislación. Agencias