La representante distrital del Consejo de la Magistratura, Pamela Alcocer, informó que durante la gestión 2025 se iniciaron los procesos penales por distintos delitos, entre ellos consorcios entre fiscales y jueces, uso indebido de influencias, retardación de justicia y uso indebido de bienes del Estado.
“Se ha iniciado alrededor de ocho procesos penales exclusivamente contra jueces y vocales por delitos de corrupción”, señaló Alcocer.
Asimismo, indicó que existen otros procesos penales que ya derivaron en resultados concretos, como el alejamiento de jueces que “realizaban sus actividades en desmedro de la función judicial”.
Alcocer precisó que los procesos no solo alcanzan a jueces y vocales, sino también a autoridades de Derechos Reales, administradores del sistema informático y otros funcionarios públicos que trabajan en el Órgano Judicial y que incurrieron en actuaciones irregulares que motivaron el inicio de acciones penales.
La autoridad señaló que el objetivo es hacer más efectivos los procesos disciplinarios, acortando los plazos y estableciendo un trámite más sumario para lograr resultados más eficientes. Además, informó que en la presente gestión se abrieron dos procesos penales por el delito de prevaricato, ante una alta incidencia de irregularidades en el Órgano Judicial de Cochabamba.
“Al día de hoy estamos viendo que el prevaricato y el consorcio se están dando con mucha regularidad en lo que es el órgano judicial; lo que se quiere, obviamente es generar precedentes y sanciones para que se corte esta mala práctica de irregularidades que dan lugar a una comisión para este tipo de comisiones penales. Así que ya tenemos para esta gestión 8 casos por prevaricato, como lo decía, y para el cierre del 2025 tenemos un total de 72 procesos disciplinarios y actualmente un total de 16 procesos penales iniciados contra servidores judiciales, o sea, contra jueces, secretarios, auxiliares, así mismo con relación a servidores administrativos que son parte del órgano judicial”, informó Pamela Alcocer.